El PP fue «dopado» a las elecciones de 2003 de Pozuelo y Majadahonda en las que arrasó

  • El Tribunal Supremo ha ratificado a grandes rasgos la sentencia de la Audiencia.
  • El PP se lucró de la trama Gürtel y está condenado a devolver el dinero que recibió.
  • En los municipios que pagaron al PP la formación arrasó en las elecciones de 2003.
  • El caso Gürtel ya tiene la sentencia del Tribunal Supremo y no ha sido del agrado del Partido Popular. Con este fallo se ratifican las irregularidades que salpican al PP y al entramado empresarial de Francisco Correa y queda clara una cosa: las elecciones de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda, dos municipios de la Comunidad de Madrid, en las que “arrasó” el Partido Popular estaban salpicadas de delitos e irregularidades de las que se lucró la formación que ahora preside Pablo Casado. Y por eso, el Supremo ha condenado al PP a devolver hasta 245.000 euros.

    Una crónica de El País que recogía la victoria electoral del PP en Pozuelo y Majadahonda calificaba estas regiones de “granero” de votos para los populares. Tal fue el resultado de las elecciones municipales de 2003, que el diario consideró que había que resaltar en el titular a estos dos municipios por su singular realidad electoral. Ahora, el Supremo considera probado que el PP obtuvo de fondos ilícitos de hasta 245.000 euros a través de estos dos ayuntamientos.

    En Majadahonda, el Partido Popular obtuvo finalmente 16 concejales (de 25) a través del 64% de los votos y en Pozuelo se llevaron 15 (de 25) con el 60%. Y fueron estos ayuntamientos los que se enriquecieron y dieron dinero de forma ilegal al partido.

    “La trama que formaban las empresas del “grupo Correa” le permitió a él, y a las personas que con él colaboraron, como también a los cargos públicos y funcionarios que se referirán después, de forma concertada, en una empresa criminal conjunta, de la manera que se describirá en los sucesivos bloques de estos hechos probados, enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos, mediante contratos celebrados con administraciones públicas gobernadas por el PP, conseguidos para sus empresas u otras terceras”, refleja la sentencia del Tribunal Supremo.

    La oposición no ha tardado en quejarse de que el PP arrasó en estos municipios “haciendo trampas”. Incluso Más Madrid se ha hecho eco de la sentencia con ánimo de sugerir que el PP partió con ventaja en esas elecciones del 26 de mayo de 2003 en las que obtuvo un resultado difícilmente mejorable.

    “Igualmente, se beneficiaron de esos fondos públicos detraídos ilegalmente terceras personas, respecto de las que no consta que tuvieran conocimiento de la ilicitud de su procedencia; como también parte de esos fondos fueron aportados para la financiación de las campañas electorales de 2003 llevadas a cabo por los candidatos del Partido Popular en los municipios de Majadahonda y Pozuelo, lucrándose con ello dicho partido, que de otra forma hubiera tenido que subvenir al pago de dichos gastos electorales”,  aseguran este el Supremo.

    Es por esto que ahora el Partido Popular se ve en la “obligación civil” de devolver todo el dinero que recibió de las arcas públicas de forma ilegal. Concretamente, el PP tiene que pagar como partícipe a título lucrativo de los actos electorales que pagaron directamente las empresas de Rafael Correa 133.628,48 euros por los actos celebrados en Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo.

    A todo esto hay que añadirle que las localidades estaban gobernadas entonces por Guillermo Ortega (Majadahonda) y por Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón), este último el exmarido de la antigua ministra de Sanidad popular Ana Mato. La misma que aseguraba no preguntarse o no saber de dónde venían los coches de lujo que traía su marido.

    El resumen del Tribunal Supremo no es muy favorable para el Partido Popular, el cual esperaba cambios importantes en la sentencia que le había impuesto la Audiencia Nacional. El PP se lucró de una trama corrupta. Y pese a que el magistrado que ha redactado la sentencia ha lanzado algunas pullas a los jueces que dejaron entrever en este proceso la «caja B» del Partido Popular, el daño político queda constatado.