El Ministerio del Interior ha defendido los cambios introducidos en 2018, coincidiendo con la llegada de Fernando Grande-Marlaska, para «mejorar» el sistema Viogén de valoración de riesgo y su capacidad predictiva con el objetivo de evitar la desprotección relatada en condenadas como la conocida este miércoles a una mujer asesinada en 2016 en Sanlúcar La Mayor (Sevilla).
Fuentes de Interior han señalado que desde la Secretaría de Estado de Seguridad se estableció un nuevo protocolo del Sistema VioGén destinado a mejorar los formularios de valoración policial del riesgo después de que la Audiencia Nacional haya condenado a este departamento ministerial por la inadecuada protección de la Guardia Civil en 2016 a una mujer que solicitó una orden de protección como víctima de violencia de género, y que fue asesinada un mes más tarde por su marido.
Interior sostiene que desde junio de 2018 se ha «potenciado» el área VioGén de la Secretaría de Estado de Seguridad y se han introducido «diversas mejoras en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de violencia de género, especialmente en lo relativo a la Valoración Policial del Riesgo».
En función de este nuevo protocolo, se mejoraron el seguimiento de los casos a través del Sistema VioGén, la gestión de la seguridad de las víctimas y los planes de seguridad personalizados. También se ha realizado una «formación continua por todo el territorio nacional para miembros de los diferentes cuerpos policiales en valoración policial del riesgo».
Entre las medidas las citadas fuentes señalan que se incrementó la «capacidad predictiva de la herramienta para identificar riesgo de violencia letal en los casos de violencia de género», incluyendo aquí los casos con menores a cargo de las víctimas en situación de vulnerabilidad o riesgo.
Interior se remite, además, a la ampliación de los convenios de acceso al sistema VioGén por parte de los ayuntamientos para la integración de más cuerpos de policía local.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima en su sentencia que la Guardia Civil es responsable dado que en la valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer, la mínima protección policial que se asignó resultó inadecuada, habida cuenta del asesinato de la denunciante por su marido un mes después de interponer la denuncia.
Los magistrados apuntan en su resolución que ante este tipo de casos la actuación de los agentes «no debería quedar limitada a aspectos formales de atención a la denunciante, asistencia, información de derechos y citación a juicio», si no que debe haber una atención preferente de asistencia y protección de las mujeres «que han sido objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar, a los efectos de prevenir y evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias del maltrato».
