La Policía Nacional se ha remitido este miércoles a la investigación abierta hace unos días por las amenazas en redes sociales denunciadas por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, señalando que no existen datos concluyentes sobre la autoría o para trazar vínculos con la extrema derecha, como ha hecho en el Congreso el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Según explican fuentes policiales al tanto de la investigación, las pesquisas asumidas por la Comisaría General de Información continúan abiertas y «aún no permiten sacar conclusiones». Preguntado por esta cuestión, un portavoz del Ministerio del Interior ha evitado hacer comentarios sobre investigaciones abiertas.
El vicepresidente Pablo Iglesias ha asegurado este miércoles en el Congreso que las amenazas de muerte denunciadas por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón provienen de cuentas vinculadas a Vox y que el Ministerio del Interior ya lo está investigando.
Iglesias ha respondido así en el Pleno a la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, quien le ha acusado de alentar esas amenazas después de que el citado magistrado haya pedido al Tribunal Supremo que le investigue por tres delitos relacionados con la ‘pieza Dina’, en el marco del conocido como ‘caso Villarejo. «Usted es un auténtico matón político», le ha llegado a decir Olona.
En su turno, el vicepresidente ha defendido que el Gobierno condena «todo tipo de amenazas, vengan de donde vengan y se dirijan a quien se dirijan», si bien ha recalcado que varios analistas han demostrado ya que las denunciadas por el juez García-Castellón provienen de cuentas vinculadas a la extrema derecha y a Vox. «Y el Ministerio del Interior lo está investigando ya», ha revelado.
El juez Manuel García-Castellón denunció ante la Policía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que había recibido amenazas tras remitir el 7 de octubre al Tribunal Supremo su exposición razonada para investigar a Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos.
El magistrado se quejó de la campaña difamatoria y con amenazas contra él, señalando que en algunos casos dicha campaña era amplificada por miembros del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. La investigación policial la ha asumido la Comisaría General de Información.
