El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos leyes que buscan reducir la brecha salarial de género en las empresas españolas, con las que se obliga a las empresas, en un plazo de seis meses, a adaptar su registro salarial y, además, a hacer una auditoría retributiva.
Ambas medidas han sido realizadas de forma conjunta por el Ministerio de Trabajo y el de Igualdad y, según han señalado las dos ministras de ambas carteras, Yolanda Ramos e Irene Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un logro «histórico».
Según han explicado, el primer texto «regula la transparencia salarial, garantizando el derecho a la información retributiva». Así, se obliga a las empresas a tener igual retribución por trabajo de igual valor en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.
La segunda norma tiene que ver con los planes de igualdad y su elaboración por parte de las empresas. A través de este texto se exige que el texto sea negociado con los agentes sociales y se determina cómo hacer el diagnóstico y poner en marcha las herramientas necesarias para lograr la igualdad.
«La igualdad es un derecho, pero es también una cuestión de eficacia y eficiencia económica», ha declarado Montero que, a pesar de celebrar este «avance», ha reconocido que «no basta» para poner fin a la brecha retributiva que existe en el país.
