La decisión de que sean el PSOE y Unidas Podemos los que impulsen en el Congreso la reforma para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de una proposición de ley evitará al Gobierno los informes de órganos consultivos que se exigen en los anteproyecto de ley que tramita el Consejo de Ministros.
Así, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial por la vía del proyecto de ley obligaría al Gobierno de PSOE y Podemos tener que pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Sin embargo, al tomar la iniciativa los grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno y tramitarse la reforma vía proposición de ley, ya no son necesarios esos informes consultivos y, según los socialistas, podría estar aprobada en tres meses.
BASTA CON LA CONFORMIDAD DEL GOBIERNO
Tras su calificación por la Mesa del Congreso, la iniciativa de los grupos parlamentarios sólo necesitará la conformidad del Gobierno para su debate: en concreto, dispondrá de un máximo de 30 días para certificar que esa reforma no tiene efectos presupuestarios, único motivo para los vetos del Gobierno.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó el pasado martes que el Ministerio de Justicia y el Grupo Socialista ya estaban trabajando en la reforma, que se encontraban en la fase de «conversaciones discretas» con el resto de fuerzas y que, en todo caso, la harían sin prisa, y tomándose el tiempo que haga falta.
Es más, aseguró que no podía «ser fruto de un debate acalorado» sino que tenía que llegar «tras un estudio pausado, mucho debate y mucho diálogo, y con todo el consenso posible». «No queremos tomar decisiones precipitadas», afirmó.
No obstante, Montero no detalló entonces los plazos que manejaban, ni la fórmula por la que se decantarían que, finalmente, será la de la proposición de ley, registrada este mismo martes en el Congreso por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos.
