La Audiencia de Málaga tiene previsto iniciar la próxima semana un juicio a la exalcaldesa de la localidad malagueña de Marbella Marisol Yagüe, acusada por los delitos de prevaricación y malversación por designar a su marido, también procesado en esta causa, como coordinador en un área del Ayuntamiento, supuestamente sin seguir los procedimientos legales establecidos.
Según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, a las que ha tenido acceso, la acusada designó verbalmente a su entonces esposo como coordinador general de Hacienda del Ayuntamiento marbellí «sin ajustarse a procedimiento legal alguno, no siendo autorizado dicho nombramiento por la comisión de gobierno y sin darse cuenta al pleno municipal ni dictarse decreto».
El tercer acusado en la causa, entonces gerente de una sociedad municipal, «cumplió la orden verbal emitida por la procesada» y en julio de 2003 concertó contrato de trabajo con el esposo de Yagüe; una contratación que se hizo «a pesar de conocerse el incumplimiento de los requisitos legales por todos los acusados», según considera la acusación pública en su escrito provisional.
El sueldo neto medio mensual era de 3.194 euros, percibiendo dicha retribución hasta julio de 2004, dice la Fiscalía, apuntando que en agosto de dicho año, la entonces alcaldesa ordenó al gerente de la sociedad que incrementara el salario al acusado hasta un importe neto de 4.808 euros. Ese aumento se hizo, señala el escrito, a petición del marido de Yagüe.
Para esta acusación, la intención de los procesados era «apoderarse de fondos públicos bajo apariencia de una mayor actividad laboral, que realmente no se prestó». El incremento salarial se acordó por Yagüe supuestamente «sin ajustarse a procedimiento legal alguno, sin el conocimiento ni consentimiento de la junta de gobierno local ni del pleno y sin ajustarse a convenios colectivos vigentes.
La Fiscalía entiende que se produjo por parte del entonces matrimonio «un apoderamiento de 37.146 euros en los periodos de agosto de 2004 a mayo de 2006»; mientras que el tercer acusado «consintió y ejecutó los pagos con pleno conocimiento de su ilegalidad».
Así, el fiscal acusa a los tres procesados por dos delitos de prevaricación, uno de ellos en concurso con otro de malversación de caudales, pidiendo una pena de cinco años de prisión, multa de 3.600 euros e inhabilitación durante diez años para cada uno de los acusados.
Además, se insta a que solidariamente indemnicen al Ayuntamiento de Marbella en la cantidad de 37.146 euros. El juicio está previsto que comience en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga el miércoles día 14 de este mes de octubre y siga el día 9 de noviembre.
