El Gobierno lo reconoce. Es de sentido común. Sin embargo, a pesar de que no dejan de vender a los españoles ese “horizonte verde” marcado por una brillante transición ecológica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún permite que las empresas de hidrocarburos hagan prospecciones para encontrar yacimientos. Y si los encuentran, podrán explotarlos por 30 años. Es decir, que por un lado, Sánchez quiere prohibir los coches de combustión en 2040, pero por otro, el PSOE permite a Repsol y compañía buscar yacimientos para extraer combustibles fósiles hasta más lejos de 2050. Incoherente (reconocido por ellos), pero todavía los socialistas se resisten a aprobar una enmienda de ley promovida por Ocean Care que evite este sinsentido. Habrá que ver por dónde salen desde Ferraz.
Ocean Care ha propuesto que se prohiba de una vez por todas el poder buscar nuevos yacimientos. Actualmente, Repsol, Cepsa, CNW Oil y otras empresas siguen a la busca y captura de nuevos puntos donde instalar la maquinaria para sacar gas o petróleo y venderlo, pero ¿a quién? Si Sánchez cumple su promesa de prohibir los coches de combustión en 2040, esas ventas no se harían en España, aunque en realidad el poco petróleo que se extrae en el país se exporta. Esta incoherencia invade al PSOE, que entiende que no tiene sentido, pero aún no ha aclarado si eliminará esta ventana por la que se cuelan las empresas energéticas y se aprovechan de un vacío legal que permitiría conseguir yacimientos de petróleo o gas durante 30 años.
“Este Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética incurre en clara contradicción consigo mismo es el relativo a la búsqueda y extracción de petróleo y gas”, comenta Carlos Bravo, consultor ambiental y experto de Ocean Care.
Unidas Podemos apoya completamente la iniciativa de Ocean Care, al igual que todas las asociaciones ecologistas. No tiene sentido ninguno que Sánchez forme una vicepresidencia de Transición Energética mientras deja que Repsol haga prospecciones para encontrar yacimientos de petróleo. Sin embargo, no está siendo fácil que el PSOE pase por el aro y de un portazo a estas grandes empresas. Podemos presiona y los ecologistas también, pero Sánchez se resiste como gato panza arriba a ponerse en contra a todas las grandes empresas energéticas españolas.
Algunos podrían decir que dar el portazo generaría pérdidas a Repsol, Cepsa y compañía, sin embargo, todavía no han encontrado ningún yacimiento ni tienen ninguna concesión nueva activa, por lo que no perderían ni un duro. De hecho, la fianza que pagaron al Gobierno, que es de unas pocas decenas de miles de euros, les sería devuelta. Todos contentos, pues. Pero entonces, ¿cuál es el motivo real por el que el PSOE se resiste a dar luz verde al proyecto presentado por Ocean Care? Nadie lo sabe.
Ocean Care se ha reunido con todos los partidos, tal y como ha reconocido Carlos Bravo a MONCLOA.COM. Hasta con los independentistas. Y todas y cada una de las formaciones con representación en el Congreso entienden que las demandas de Ocean Care tienen todo el sentido del mundo y todos las apoyan, pero quienes tienen la sartén por el mango se resisten a molestar lo más mínimo a las grandes empresas energéticas relacionadas con los combustibles fósiles, como Repsol o Cepsa.
A todo esto hay que añadir otro punto que quiere tumbar Ocean Care, pero que lo ven más complicado. Los permisos de explotación en vigor de los que disfrutan algunas empresas se pueden prorrogar en plena búsqueda del “horizonte verde”; y se pueden mandar hasta 2042, es decir, dos años más de la prohibición de los coches de combustión. Cuando Sánchez se plantea que España será un país completamente verde, estarán Repsol y compañía sacando petróleo hasta de el último rincón del país. Algo poco comprensible que el PSOE, ahí sí, ve difícil de tocar, pues es un acuerdo que no satisface a ninguna de las partes. Uno de los buenos.
LAS CLAVES DE OCEAN CARE
El Proyecto de Ley recoge en su Artículo 8 la prohibición a cualquier nuevo proyecto de exploración, investigación y explotación de estos combustibles fósiles en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, pero de forma incoherente con la emergencia climática (declarada oficialmente por el Consejo de Ministro en febrero 2020) en la Disposición Transitoria Primera deja dos grandes “agujeros”:
1) excluye de esa prohibición anteriormente enunciada las solicitudes de concesión de explotación asociadas a un permiso de exploración/investigación vigente que se encuentren en tramitación antes de la entrada en vigor de esta ley, que se regirán por la normativa aplicable al tiempo de otorgarse el citado permiso de investigación, a excepción de la posibilidad de prórroga que se excluye expresamente.
2) permite que haya prórrogas de las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes durante 22 años más (hasta el 31 de diciembre de 2042). De form innecesaria porque la concesión de estas prórrogas es una decisión puramente potestativa por parte de la Administración, no hay obligación legal de hacerlo y además, no otorgarlas no genera ningún derecho a indemnización por lucro cesante a la empresa concesionaria.
Para evitar esas inconsistencias del Proyecto de Ley, debería:
– Eliminarse totalmente el Apartado 2 de la Disposición Transitoria Primera para que se archivaran todos los proyectos de exploración actualmente en proceso administrativo (y que no han generado derechos legales ni económicos), y
– Eliminarse la expresión “más allá del 31 de diciembre de 2042” del Apartado 3 de la Disposición Transitoria Primera para así no otorgar nuevas prórrogas a las actuales concesiones de explotación vigentes cuando expiren sus respectivas licencias. Como te decía, la concesión de estas prórrogas es una decisión puramente potestativa por parte de la Administración, no hay obligación legal de hacerlo y además, no otorgarlas no genera ningún derecho a indemnización por lucro cesante a la empresa concesionaria.
