Amnistía Internacional ha calificado de «escándalo social» la ausencia de servicios de salud mental para los refugiados y migrantes que ha dejado al descubierto la pandemia generada por la Covid-19, por el Día Internacional de la Salud Mental, que se celebra este 10 octubre.
«Apenas una parte mínima de los fondos internacionales de ayuda correspondientes a salud se destinan a la salud mental y, a menudo, las personas refugiadas y migrantes quedan excluidas incluso de los pocos servicios disponibles», ha señalado la organización.
A su juicio, es «claro que la salud mental de las personas que intentan llegar a un contexto de seguridad nunca ha sido una prioridad para la comunidad internacional y esta situación debe cambiar».
La responsable del equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional, Charlotte Phillips, ha explicado que «la crisis de la Covid19 ha afectado particularmente a las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes, que en muchos casos ya enfrentan obstáculos en el acceso a la vivienda, el empleo y la atención de la salud».
«Desde hace mucho tiempo, la mayoría de los gobiernos no brindan servicios de salud mental adecuados a las personas refugiadas y migrantes, por lo que éstas han de enfrentarse sin ningún tipo de apoyo a la incertidumbre y el aislamiento asociados a la pandemia», ha señalado.
Es por ello, que Amnistía Internacional ha pedido a todos los gobiernos que eliminen las barreras que impiden que personas refugiadas y migrantes puedan recibir servicios y apoyo en salud mental. Además, quiere que los países más ricos incrementen la ayuda que prestan a otros con menos ingresos, a fin de que las personas más marginadas de la sociedad reciban el apoyo al que tienen derecho.
POLÍTICAS ABUSIVAS QUE EXACERBAN EL SUFRIMIENTO
La organización cree que, ante la pandemia «los servicios de salud mental se necesitan más que nunca» y, especialmente, entre las personas que, como los refugiados, han sobrevivido a terribles experiencias y que se han de enfrentar en los países receptores a racismo, hostilidad, pobreza y desempleo, entre otras cosas.
En este sentido, consideran que son muy pocos los datos recientes con los que se cuenta sobre la disponibilidad de servicios de salud mental para las personas refugiadas y migrantes, lo que, a su juicio, «ya es un problema», pues implica que «los Estados no están verificando su cumplimiento».
La organización apunta que, además, de la información que sí está disponible se desprende que los servicios son absolutamente deficientes.
La gran mayoría (el 85%) de las personas refugiadas en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios, apunta Amnistía Internacional. Del mismo modo, señala que el promedio anual de fondos per cápita destinados a todos los servicios de salud mental en estos países es muy inferior al adecuado, con valores que van de 0,02 dólares estadounidenses en países de bajos ingresos a 1,05 dólares en países de ingresos medio- bajos.
En cuanto a los países de ingresos altos, dice la ONG, que tampoco prestan apoyo suficiente a otros menos ricos para que puedan brindar servicios de salud mental a su población. «Entre 2007 y 2013, apenas el 1% del presupuesto mundial de ayuda internacional correspondiente a salud se destinó a la salud mental», asegura.
Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que adopten medidas para que sus políticas sobre salud permitan la integración plena de las personas refugiadas y migrantes y que, al mismo tiempo, pongan fin a las políticas y prácticas migratorias que vulneran los derechos humanos y provocan angustia mental, como la separación de las familias y la detención de niños y niñas.
«El efecto emocional de la pandemia se hará sentir durante varios años. Instamos a todos los gobiernos a garantizar que haya servicios de salud mental adecuados para todos aquellos que los necesiten, incluidas las personas refugiadas y migrantes», ha expresado Phillips.
