El instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés por presunto maltrato a su esposa ha concluido la instrucción sobre este asunto y ha encontrado indicios de delito en su actuación, por lo que propone a la Sala que sea juzgado.
Precisamente este martes el magistrado Andrés Martínez Arrieta había concluido las diligencias de prueba en relación a este asunto tomando declaración a dos testigos, una de ellas hija de Valdés, quien exculpó a su padre, asegurando que «jamás» se ha producido agresión alguna.
En este relato coincidió con sus padres, ya que tanto Valdés como su esposa señalaron en sendas declaraciones el pasado 1 de octubre que lo ocurrido en su vivienda no fue más que una discusión de pareja que pudo ser «sacada de contexto».
No obstante, el magistrado ha transformado las diligencias en procedimiento abreviado, por lo que el asunto pasa ahora al tejado de la Fiscalía para que decida si presenta acusación formal junto al magistrado.
El auto supone la preparación del juicio oral por los hechos recogidos en la resolución y con la calificación contenida en la misma, que es la del artículo 153 del Código Penal, sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica, según señala la resolución.
En los hechos del auto, se recoge entre otros puntos que, en la tarde del 10 de agosto de 2020, el magistrado mantuvo una discusión con su esposa, y, al percibir que los gritos eran oídos por personas que estaban en un parque público cercano a su vivienda, en la localidad madrileña de Majadahonda, introdujo a la mujer de forma violenta al interior de la casa, donde siguió la discusión.
HUBO LESIÓN
«Desde el exterior, los viandantes percibieron movimientos bruscos y golpes, que determinaron una lesión, no diagnosticada, en el dorso de la mano derecha de la mujer», añade los hechos reseñados por el instructor.
También ha declarado este martes como testigo el guardia civil que estuvo con Valdés en el hospital al que fue trasla edado tras los hechos. De acuerdo con las mismas fuentes, el agente ha explicado que se decidió que pasara la noche ingresado porque su estado de salud no era bueno, requería un tratamiento a base de oxígeno y en el calabozo no podían dárselo.
El guardia civil ha contado asimismo que estando Valdés ingresado se acercó a él para preguntarle si era magistrado del TC –inicialmente se identificado como profesor–, algo que él confirmó, por lo que la decisión de detenerlo se habría tomado sin saber quién era.
La citación de Valdés en el Supremo llegó después de que el magistrado solicitara acogerse a una baja por motivos de salud que le apartará temporalmente de las deliberaciones del TC, ya que en dicho momento se encontraba ingresado en un hospital de Madrid.
Valdés, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE para un mandato que ya ha caducado, fue arrestado después de que unos vecinos llamaran a la Guardia Civil tras escuchar una fuerte discusión con su mujer en el interior de la casa. Según ellos, cuando les abrió la puerta estaba visiblemente nervioso, algo que la familia achaca a su medicación.
Estuvo detenido unas horas pero finalmente la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda acordó su puesta en libertad sin fianza tras valorar la salud y la edad de Valdés, de 75 años, y en el contexto de la pandemia de coronavirus.
Aunque inicialmente el asunto recayó sobre este juzgado de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, el magistrado está aforado ante el Tribunal Supremo, de modo que la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal es la única que puede investigarle.
«BASE INDICIARIA SUFICIENTE»
El pasado 15 de septiembre, la Sala Segunda abrió una causa penal a Valdés al apreciar indicios de la comisión de los delitos de maltrato recogidos en los artículos 153.1 y 153.3 del Código Penal, misma posición adoptada por el juzgado de Majadahonda y la Fiscalía.
A criterio de dicha Sala, las declaraciones de dos testigos y la de un agente, a pesar de las del propio Valdés y su esposa, «conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias» para esclarecer los hechos.
Además de los interrogatorios a Valdés, su mujer y los testigos, entre las pruebas a practicar por el Supremo estaría un informe pericial sobre los efectos en el magistrado de la medicación que toma por la enfermedad que padece.
Las fuentes presentes en la declaración del 1 de octubre han señalado que estos efectos no se relacionan en modo alguno con una situación violenta o de agresión, si bien reconocen que el estado de nerviosismo que pudieron ver los testigos cuando el magistrado les abrió la puerta puede deberse a dicha medicación.
El Tribunal Constitucional ha salido de manera oficial en defensa del magistrado y ha apelado a respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia «mientras continúe el procedimiento judicial en curso».
