La Junta de Andalucía elaborará «los presupuestos más responsables de su historia», según el consejero andaluz de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, de cara al próximo año 2021, pese a la suspensión de las reglas fiscales y al margen de déficit «orientativo y no obligatorio» del 2,2 por ciento del déficit para las comunidades anunciados por el Ministerio de Hacienda, con el fin de no comprometer la sostenibilidad financiera de la comunidad autónoma durante los próximos ejercicios.
No obstante, ha lamentado en una nota la «falta de respuestas» del Gobierno central sobre cuestiones fundamentales, como por ejemplo las perspectivas económicas o el salario de los empleados públicos.
Así lo ha explicado Bravo a la conclusión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado de forma telemática entre los responsables de Hacienda de las comunidades autónomas y la ministra del ramo, María Jesús Montero.
Bravo ha explicado que la caída de las reglas fiscales no debe implicar «bajo ningún concepto malgastar o relajarnos» a la hora de fijar unos compromisos de gasto. «Todo lo contrario: es indispensable confeccionar un presupuesto riguroso, que marque las prioridades que como administración nos corresponde cubrir teniendo en cuenta las circunstancias que atravesamos», ha detallado.
El consejero de Hacienda y Financiación Europea ha garantizado que el próximo presupuesto para Andalucía seguirá, como hasta ahora, garantizando los servicios esenciales en los ámbitos de educación, sanidad y dependencia, «que han pasado a ser las grandes prioridades que debemos cubrir», según el consejero.
En ese sentido, ha recordado que las cuentas elaboradas y aprobadas para 2019 y 2020 ya programaban «los presupuestos más sociales de nuestra historia», revirtiendo recortes de épocas pasadas. La diferencia con 2018 fue, en sanidad, de 1.200 millones más; en educación, de 650 millones más; y en dependencia, de un incremento de 130.
En el transcurso del mismo, el Gobierno central ha comunicado a los responsables regionales que podrán aumentar su déficit hasta una «tasa orientativa no obligatoria» del 2,2 por ciento del PIB en el que podrán incurrir las comunidades, y del que ha propuesto asumir la mitad (1,1%) a través de un fondo extraordinario para 2021, en una posibilidad que, no obstante, según el Ministerio, tendrá que ser valorada en el Congreso con los distintos grupos políticos.
«QUEDA INCERTIDUMBRE»
Tras la celebración de este foro, el consejero ha admitido que, no obstante, todavía «queda mucha incertidumbre» sobre las cantidades que deben servir para cerrar la envolvente financiera del próximo presupuesto.
«Desconocemos los criterios de distribución de los fondos extraordinarios para 2021 planteados en función del 1,1% del PIB, si serán como los seguidos para el Fondo Covid o si, por el contrario, se tomará un criterio de población», se ha preguntado Bravo.
En ese sentido, Bravo ha reclamado al Ministerio, junto con otros consejeros, poder acudir a estas convocatorias del CPFF «con información remitida previamente a las comunidades, a fin de poder analizarla y debatirla conjuntamente» la propuesta del Gobierno central plantee.
En este sentido, la ministra explicó que la información sobre aspectos como las cuantías de las entregas a cuenta sería remitida «a lo largo de la tarde», como así ocurrió, una vez finalizada la reunión. Durante la misma, el Ministerio no ha sometido a votación ninguna de las propuestas que ha trasladado.
DIÁLOGO DESDE ANDALUCÍA
Por el contrario, el consejero ha recordado que hace poco más de dos semanas los responsables de Hacienda de cinco comunidades, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Galicia y Madrid, además de Ceuta, sí consensuaron una posición común y reclamaron conjuntamente al Gobierno central un trato «equitativo y proporcionado» para las comunidades autónomas.
La declaración conjunta firmada el pasado 18 de septiembre fue remitida al Gobierno central. Además, el documento se envió la semana pasada al resto de comunidades autónomas de España para que aportasen sus propuestas antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
