El Grupo Popular ha registrado este lunes en el Congreso una proposición no de ley con la que busca que la Cámara inste al Gobierno a vetar la transferencia al País Vaco de la competencia de Prisiones, a crear una Fiscalía especial para resolver los crímenes de ETA aún pendientes y a calificar como de lesa humanidad los delitos de la banda terrorista de manera que nunca prescriban.
Estas peticiones forman parte de la iniciativa anunciada este fin de semana por la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, para poner fin al «blanqueo de ETA y sus herederos» que, a su juicio, hace el Gobierno al reconocer a EH Bildu como un interlocutor político normal.
La iniciativa lleva la firma de Gamarra, el portavoz adjunto del Grupo Popular Carlos Rojas, y los diputados Teresa Jiménez-Becerril, Jaime Mateu, ambos con familiares asesinados por ETA. Otro de los objetivos de la proposición es reclamar medidas para garantizar la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia para con las víctimas del terrorismo.
En concreto, el PP solicita la adopción de ocho medidas como no transferir la competencia penitenciaria a las administraciones autonómicas, mantener la política penitenciaria de dispersión para los presos por terrorismo y reformar el sistema de beneficios penitenciarios para evitar su «uso arbitrario», los «agravios comparativos entre presos» e «impedir que se pueda abrir la puerta a la impunidad de los condenados».
COLABORACIÓN Y ARREPENTIMIENTO
Según el PP, se debe garantizar que el modelo de ejecución previsto en el Reglamento General Penitenciario sea «realmente excepcional e individualizado» y que, en todo caso, sea condición «imprescindible» para su aplicación que el penado «reniegue de los actos delictivos cometidos, muestre arrepentimiento, abandone la voluntad de reincidir y colabore en la investigación y prevención de delitos análogos a los que motivaron su condena».
En lo referente a las víctimas los de Pablo Casado plantean que se estudien las reformas legislativas necesarias para reforzar su protección. Así, demandan potenciar el «principio de memoria, verdad, dignidad y justicia» para con las víctimas de ETA.
En este contexto, piden que se garantice que el relato del fin del terrorismo reconozca de manera «inequívoca» la «victoria» del Estado de Derecho y la «derrota» de los terroristas, la «deuda moral» que tiene con ellas el conjunto de la sociedad, las administraciones y los poderes del Estado y la «culpa absoluta» de ETA y de «los movimientos sociales y políticos que apoyaron o justificaron» sus crímenes.
UNA FISCALÍA ESPECIAL
También plantean que se modifique la ley para que todos los crímenes de la banda sean considerados «de lesa humanidad» de manera que se evite su prescripción y que haya reformas también para «impedir homenajes públicos a terroristas».
Además, el PP busca que la Cámara inste al Gobierno a «interesar de la Fiscalía General del Estado la creación de un órgano específico destinado a la investigación de los 379 crímenes de ETA pendientes de esclarecimiento.
El octavo punto de la iniciativa es el que emplaza al Ejecutivo a «excluir de los pactos y acuerdos políticos promovidos desde el Gobierno a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de ETA e intentan legitimar su existencia».
