Casi la mitad de los centros sociosanitarios analizados en España no está preparado para la segunda oleada de COVID-19 y uno de cada diez ni siquiera tiene un plan de respuesta, según el estudio ‘Análisis de la situación de las residencias sociosanitarias en España’, puesto en marcha por la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería (Satse), que ha contado con la colaboración de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG).
Para llevar a cabo este estudio se han analizado un total de 272 centros sociosanitarios de toda España con representación en todas las comunidades autónomas. La muestra contaba con un 25,3 por ciento de centros públicos y un 74,3 por ciento privados o concertados; asimismo, también se han analizado centros de todos los tamaños, que van desde los pequeños con 25 residentes hasta los más grandes, que cuentan con más de 100 residentes.
«Queremos mejorar la salud y las condiciones que han vivido nuestros mayores y mejorar las condiciones laborales de nuestros compañeros. Se tiene que realizar un gran esfuerzo para mejorar la situación de los centros sociosanitarios. Debemos exigir un cambio en las políticas sociosanitarias para que se desarrollen estrategias de mejora de las condiciones de los mayores y las condiciones también de los enfermeros en estas instituciones», ha reivindicado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.
En esta línea, el presidente de Satse, Manuel Cascos, ha señalado que el estudio ha evidenciado que «es necesaria la puesta en marcha con urgencia de una reforma del sector sociosanitario en su conjunto». «Es necesaria una coordinación fluida y ágil tanto con la atención hospitalaria como con los centros de salud, así como una mejora sustancial de medios, recursos e infraestructura. Es una urgente necesidad de un plan de contingencia para situaciones como la pandemia, para que no vuelva a ocurrir que sufran una situación así», ha añadido.
En este contexto, ha reclamado una «auditoría independiente e integral» en todos los centros sociosanitarios. «Una sociedad civilizada no puede permitir que nuestros mayores no estén en óptimas condiciones de atención. Merecen una mejora sustancial en los centros en los que viven. Merecen ser tratados con dignidad, sin escatimar recursos y medios. Espero que hayamos aprendido la lección por esta crisis sanitaria», ha concluido.
En cuanto a la afectación por COVID-19 en los centros sociosanitarios, se le ha hecho test al 91,5 por ciento de los residentes, de los cuales el 18 por ciento ha dado positivo. Un 33,8 por ciento de los residentes eran asintomáticos. El número de test realizado es muy similar en las residencias públicas y privadas, pero en lo que respecta a resultados positivos de infección, son mayores en los centros públicos.
Respecto a las consecuencias más cruentas de la pandemia, el estudio detecta que durante la crisis sanitaria han fallecido una media del 5,5 por ciento de los resistentes de los centros. Estos datos podrían suponer en torno a 20.000 residentes fallecidos. Además, ha sacado a la luz que el 2,6 por ciento de los residentes a los que no se les ha realizado el test ha tenido síntomas de COVID-19.
El trabajo de campo ha analizado también la realización de test a los propios trabajadores de los centros. Los datos obtenidos apuntan que el 94,9 por ciento de los centros ha realizado las pruebas a sus trabajadores y que el 11,3 por ciento de estos profesionales ha dado positivo.
ESCASEZ DE MATERIAL DE PROTECCIÓN
El estudio también ha investigado cuál es la disponibilidad de material de seguridad en las residencias, poniendo de manifiesto que han sufrido una escasez de equipos de protección individual (EPI) generalizada. La escasez ha sido todavía más acuciante en las residencias públicas: 14 por ciento mayor en la públicas que en las privadas.
Asimismo, en la mayoría de las residencias los profesionales de enfermería y otros trabajadores han tenido que reutilizar el material de protección. Además, un tercio de las residencias (33,1%) se vieron obligadas a fabricarse su propio material ante la indisponibilidad de material oficial y homologado.
Aunque tan solo un 7,4 por ciento tenía elaborado previamente un plan de respuesta ante situaciones similares al COVID-19, a día de hoy ya el 80,1 por ciento de las residencias ha desarrollado dicho plan. Respecto a estas cifras, la lectura más preocupante es que uno de cada diez de los centros sociosanitarios analizados (12,5%) sigue sin disponer de un plan de respuesta frente al COVID-19. «Es un dato tremendamente preocupante cuando estamos ya inmersos en la segunda oleada de este virus, que fue demoledor con las personas mayores y con las residencias», resaltan los enfermeros.
Finalmente, el estudio ha pedido a las enfermeras que, en base a sus criterios profesionales, asistenciales y científicos, valoraran si los centros estaban preparados para una segunda oleada por la pandemia del COVID-19. La respuesta fue que, a pesar de que existan planes de respuesta, a juicio de los profesionales, casi la mitad de las residencias (46,3%) no están preparadas para una segunda ola.
UN ENFERMERO ATIENDE A 117 RESIDENTES EN UN DÍA
Uno de los datos más preocupantes obtenido en el estudio es el elevadísimo número de residentes que tiene asignado cada enfermero en el sector sociosanitario, que se incrementa todavía más en los turnos de tarde y noche y de fin de semana. De forma global, un enfermero tiene asignado un total de 46 residentes por la mañana y 71 por la tarde, un valor que se multiplica en el caso de los domingos y festivos: 71 pacientes por enfermero en los turnos de mañana y 92 por la tarde. Estos datos se multiplican cuando se trata de residencias del ámbito privado, donde se llegan a superar los 100 residentes asignados en los turnos de tarde de fin de semana.
Para los enfermeros, los datos de asignación de residentes por enfermero resultan «extremadamente preocupantes». «Difícilmente se puede prestar el cuidado adecuado a las personas residentes cuando un solo enfermero tiene entre 50 y 100 personas a su cargo y muchos centros ni siquiera cuentan con enfermeros en su plantilla», resaltan. Esta sobrecarga obliga a los enfermeros a tener que delegar algunas tareas y actuaciones en el 93,7 por ciento de los centros, las cuales son realizadas fundamentalmente por auxiliares y los llamados gerocultores.
Respecto a la retribución anual que percibe un enfermero, en líneas generales el 70 por ciento de las residencias privadas paga menos de 20.000 euros brutos anuales a sus enfermeros, frente al 73 por ciento de las residencias públicas que sí superan los 20.000 por ciento. Asimismo, las residencias de menor tamaño son las que menos retribuyen a los enfermeros.
De acuerdo con los resultados del estudio, una de las grandes asignaturas pendientes de los centros sociosanitarios es la historia clínica de sus residentes. Solo 3 de cada 10 residencias tienen historia clínica compartida con otros centros. En este sentido, las residencias públicas obtienen mejores datos al respecto: la historia clínica compartida en ellas tiene mayor presencia (44,3%).
Asimismo, desde el punto de vista asistencial, las residencias públicas son las que cuentan en mayor medida con una unidad de hospitalización frente a las privadas (38,6% frente a 21,8%). Asimismo, un 29,5 por ciento de los centros analizados no tiene ningún tipo de coordinación con Atención Primaria. Esta coordinación es mayor en las residencias públicas (77,1%) que en las privadas (66,8%).
