El Congreso de los Diputados ha aprobado instar al Gobierno a reducir la tasa máxima de alcohol en sangre permitida a conductores durante los dos años siguientes a la obtención del permiso de conducir, a 0,2 g/l en sangre (0,1 mg/l en aire espirado).
Así lo han acordado este jueves los grupos parlamentarios de la Comisión de Seguridad Vial de la Cámara Baja, al aprobar la Proposición no de Ley del PSOE, con 32 votos a favor y cinco abstenciones.
La propuesta también insta al Ejecutivo a reducir la tasa máxima de alcohol en sangre permitida a conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales, a 0,2 g/I en sangre (0,1 mg/l en aire espirado).
Según la iniciativa del grupo socialista, que ha rechazado incorporar una enmienda de Vox, el objetivo de estos cambios es adecuarse a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y de la Comisión Europea.
Durante la sesión, también se ha aprobado, por unanimidad, una Proposición no de Ley del PSOE relativa a fomentar el uso del airbag entre motoristas. A esta iniciativa se ha presentado una enmienda del PP, por lo que ambos grupos han acordado un nuevo texto.
Así, la Cámara Baja insta al Ejecutivo a promover, en colaboración con las administraciones competentes y los diferentes agentes sociales, el uso del airbag y otros elementos de protección individual del motorista, con el objetivo último de reducir el número de fallecidos y lesionados en las carreteras y viales españoles.
La tercera iniciativa que ha recibido el respaldo de la Comisión ha sido la presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para implantar un plan específico de medidas para reducir la accidentalidad de los usuarios vulnerables e incentivar la movilidad activa.
En este caso, la formación ‘naranja’ ha aceptado las enmiendas de PP y Vox, y la iniciativa ha salido adelante con 29 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones.
En esta propuesta se quiere elaborar una guía de buenas prácticas sobre la configuración de infraestructura viaria para incentivar la movilidad activa y garantizar la seguridad de los usuarios vulnerables, sobre todo en entornos urbanos y periurbanos.
También se aboga por, en aquellos tramos de carreteras en los que tenga lugar un mayor número de accidentes de peatones y ciclistas, realizar una auditoría de la infraestructura desde la perspectiva de los usuarios vulnerables y elaborar un plan de intervención para reducir los elementos que aporten peligrosidad a la vía.
Por el contrario, los grupos han rechazado una proposición del PP sobre la reanudación del servicio público de exámenes de tráfico y su no suspensión en ningún día laborable del año 2020 en ninguna Jefatura Provincial y Local de Tráfico para paliar en su totalidad los efectos del estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis del COVID-19.
Tampoco ha salido adelante otra propuesta ‘popular’ sobre la modificación de las medidas especiales dictadas por el Gobierno para la inspección técnica de vehículos (ITV) en aras a no retrotraer la fecha de revisión a los plazos originales de vencimiento para ningún vehículo cuya inspección caducara durante el estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Finalmente, se ha rechazado una proposición de Vox relativa a vehículos de movilidad personal post COVID-19, así como la del Grupo Parlamentario Republicano sobre la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la competencia en materia de examinación y expedición del permiso de conducir.
