Los sindicatos se han mostrado divididos a la hora de dar su opinión sobre el Real Decreto ley aprobado este martes en Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el BOE, que recoge la posibilidad de que los alumnos puedan pasar de curso sin límite de asignaturas suspensas.
Así, desde el sindicato STES consideran que esta medida es «enormemente polémica». Si bien entienden que puede haber «un consenso general» a la hora de admitir que con motivo de la pandemia se flexibilicen los criterios que tienen que ver con la evaluación, la promoción y la obtención de títulos académicos, critica que el Ministerio ha dejado de nuevo en manos de las comunidades autónomas esta competencia, que corresponde al Ministerio.
«Lo único que genera es una gran confusión normativa y una inseguridad jurídica enorme en un terreno tan sensible como es éste», aseguran desde STES.
Por su parte, el sindicato CSIF pide la dimisión de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, por «ocultar» al Consejo Escolar y a los representantes de los trabajadores estas medidas contempladas en el Real Decreto Ley.
Asegura que durante la Mesa Sectorial de Educación de este pasado lunes, en la que la ministra reunió a los sindicatos, el Ministerio no presentó dicho Real Decreto ley, lo que para el sindicato supone «una falta de respeto hacia los representantes de los docentes, obviando una vez más una negociación necesaria y pertinente». Y denuncia también que la norma tampoco ha recibido el aval del Consejo Escolar del Estado, como es preceptivo en las normas educativas.
«Esta norma culmina una gestión marcada por la incapacidad de la ministra como gestora, su desconocimiento de la negociación colectiva y la alarma constante que siembra con sus declaraciones, difundiendo inquietud entre toda la comunidad educativa y la sociedad», asegura CSIF, que ha anunciado que sus servicios jurídicos están analizando su posible impugnación.
El sindicato exige que se concrete el número de materias suspensas para pasar de curso, tal y como se ha venido estableciendo en todas y cada una de las leyes educativas y que no se deje a criterio de cada comunidad y centro, ya que esto «provocará más desigualdades».
También el sindicato ANPE está en desacuerdo con la nueva norma, ya que señala que no se puede dejar la responsabilidad de regular los criterios de promoción y titulación a las comunidades autónomas y de modificarlos a los centros.
«Es competencia del Estado la expedición de títulos académicos como recoge el artículo 149.1 de la Constitución. Los criterios de promoción y titulación deberían ser comunes para todo el territorio nacional, como son hasta ahora», precisa.
Así, considera que con esta norma «no solo se quiebra el principio de inseguridad jurídica, sino que también se vulneraría el principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación», pues esta decisión «agravaría la brecha ya existente entre las comunidades autónomas».
CCOO Y UGT ATRIBUYEN LA MEDIDA A LA SITUACIÓN DE EXCEPCIÓN
Por el contrario, la responsable de educación de UGT, Maribel Loranca, considera «razonable» la medida, ya que entiende que se ha aprobado dada la situación extraordinaria que vivimos por la pandemia y porque no se puede garantizar la educación presencial en todos los niveles y etapas educativas «por falta de voluntad política e inversión.
En este sentido, Loranca recuerda que las medidas que contempla el Real Decreto ley se plantean de manera «no imperativa» y, por ello, «será fundamental el desarrollo que de las mismas hagan las comunidades autónomas». «La autonomía de los centros y de los equipos docentes a la hora de decidir la promoción del alumnado ha sido una práctica frecuente y desde la UGT queremos huir de polémicas que más que a criterios pedagógicos responden a intereses de otra naturaleza», zanja.
En la misma línea se ha manifestado CCOO. El secretario general de la Federación de Enseñanza de este sindicato, Francisco García, justifica esta medida a la excepcionalidad de la situación actual y las consecuencias derivadas de ello, como es la adopción de modos de enseñanza semipresenciales y la posibilidad de que los alumnos tengan que guardar cuarentena.
«No veo grandes cambios, al final la evaluación depende del trabajo que haga el alumnado y el profesorado, que con su profesionalidad y su autonomía acaba tomando estas decisiones; y en esta situación, esto se parece mucho a cómo se reguló el fin de curso pasado», expone.
