El pasado mes de julio el Ministerio de Interior,Fernando Grande-Marlaska, ordenó a la Policía Nacional la vigilancia del chalet del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Esta decisión fue muy criticada por parte del cuerpo puesto que esa labor era una competencia que le correspondía a la Guardia Civil.
Este cambio, contribuye a desprestigiar la imagen de la Policía Nacional debido a las continuas multas que se ven obligados a poner a los manifestantes que hay a la entrada de la residencia, se quejaban en verano los policías. Por no mencionar la excesiva seguridad, innecesaria porque no hay riesgo y las manifestaciones no son agresivas.
Casi tres meses después, la polémica continúa en Galapagar. Desde JUPOL consideran que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha querido evitar el desgaste de la imagen de la Guardia Civil traspasando esas tareas de detención a la Policía Nacional. “Entendemos que es porque la gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad el estado por parte del ministro de Interior es nefasta y de una seguridad escasa” han afirmado fuentes de JUPOL.
A este malestar hay que sumarle las promesas que Marlaska hizo a cerca de la equiparación salarial que, tanto policías como guardias civiles, reclaman para cobrar el mismo sueldo que los Mossos d´Esquadra. Una promesa a la que ahora el Ministro le está poniendo pegas: “Al ministro se le llenó la boca diciendo que se iba a cumplir con la equiparación salarial y ahora no está haciendo nada” critican desde el sindicato. Marlaska prometió una subida del sueldo a los funcionarios de ambos cuerpos en tres tramos hasta así equiparar sus retribuciones a las de los mossos.
Los dos primeros tramos de este acuerdo de equiparación fueron abonados en los ejercicios de los años 2018 y 2019, es el pago del tercer tramo el que todavía está pendiente. Si bien es cierto que el Ministerio de Interior mantuvo unas negociaciones con representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre este reparto, que corresponde a una cifra de 247 millones de euros, no se esclareció cuando tendría lugar. Esta cantidad, sumada a las de los primeros tramos suma un total de 831 millones de euros se traduce en un aumento mensual de 424 euros del sueldo de un policía base y en 480 euros del salario de un guardia civil según cita El Confidencial.
Desde el Ministerio del Interior han asegurado que será en octubre cuando la cantidad acordada de las nóminas se haga efectiva y que, además, sumarán todos los retrasos que llevan acumulados desde enero lo que supondría un aumento considerable en las nóminas de los agentes “un momento muy delicado para el resto de los empleados de la administración” afirma El Confidencial.
Sin embargo, para JUPOL el problema está claro: la intención de Marlaska no es otra que romper el frente común entre ambos cuerpos para que así no consigan nunca esa equiparación salarial real.
