La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ha advertido de la «dramática situación» que atraviesan las escuelas infantiles privadas de 0 a 3 años, que han experimentado una reducción del 40% en el número de matriculaciones debido a la pandemia y a las medidas de restricción, y que incluso alcanza el 80% en las zonas más afectadas.
Con esta «importante» reducción de los niños matriculados y la consiguiente merma de los ingresos, ACADE sostiene que «la viabilidad económica de la mayoría de las escuelas infantiles privadas está seriamente comprometida, lo que supondría la desaparición de miles de puestos de trabajo directos e indirectos».
Según la asociación, en toda España hay unas 5.100 escuelas infantiles privadas que escolarizan a un cuarto de millón de niños y dan trabajo a unas 50.000 personas, la mayoría mujeres con titulación superior.
«La disminución de la oferta de plazas en el segmento 0-3 años complicará a muchas familias la conciliación de la vida familiar y laboral, con especial impacto en las mujeres jóvenes que trabajan fuera de casa. Si analizamos los datos del paro en los últimos meses, el desempleo femenino es el que más ha crecido. La crisis de las escuelas infantiles no haría más que incrementar este agudo problema», sostiene el presidente de ACADE, Juan Santiago.
Por ello, la entidad ha propuesto a las Administraciones, tanto central como autonómicas, una batería de medidas para paliar este problema hasta que mejoren las condiciones sanitarias.
Entre ellas, solicita la prórroga de los ERTES en el sector, hasta la recuperación del mismo; otorgar ayudas directas a los centros de educación infantil a nivel económico, fiscal y laboral en el ámbito nacional, autonómico y local, que permitan detener el cierre de centros; y financiación por las administraciones de los suministros sanitarios que las escuelas infantiles privadas deben adquirir, como se hace con los centros públicos y concertados.
Además, propone la conversión de los cheques escolares en ayudas directas a las escuelas en aquellas comunidades autónomas que los facilitan para el segmento 0-3 años, como es el caso de Andalucía, Valencia o Madrid. Si bien, la asociación aplaude que esta conversión ya se ha realizado en estos tres casos, lamenta la «excesiva tardanza de la gestión» de los mismos por parte de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, así como la escasez de la cuantía de las ayudas y dificultad de acceso a las mismas.
Finalmente, exige que ante un cese de actividad de centro o declaración de confinamiento, se permita el servicio online dirigido a las familias para asesoría y acompañamiento de éstas.
