El Congreso y el Senado prevén aprobar esta semana, en una reunión conjunta de las Mesas de ambas Cámaras, el nuevo Código de Conducta de las Cortes Generales, un documento por el que se extenderán al Senado las normas que ya se aprobaron para el Congreso hace dos legislaturas aunque sin llegar a aplicarse. Esta actualización y la concreción de algunas de esas medidas ha sido cuestionada por el PP.
La Cámara Baja, en las últimas semanas de la presidencia de la ‘popular’ Ana Pastor, ya aprobó en febrero de 2019 el Código ético para los diputados. Lo hizo siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), pero esta misma institución conminó a las autoridades españolas a extenderlo al Senado, por lo que los servicios jurídicos de las Cortes Generales redactaron un documento con este fin.
El texto ya ha sido objeto de un primer análisis en las Mesas de las respectivas Cámaras, donde no ha contado con el aval del PP. Pastor, que ahora ocupa la Vicepresidencia Tercera del Congreso, ha defendido que el código que rige para esta Cámara y que se aprobó por unanimidad se amplíe tal cual al Senado, sin introducir las modificaciones apuntadas por los letrados, salvo las imprescindibles para adaptarlo a diputados y senadores.
Uno de los puntos que desaparece en el borrador redactado por los servicios jurídicos, es la inclusión entre los principios que deben regir la actuación de los parlamentarios la mención de que han de hacerlo «con pleno acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente al Reglamento del Congreso de los Diputados y a las resoluciones que lo desarrollan».
Los letrados optan por suprimir la mención al acatamiento porque consideran innecesario reproducir en un Código de Conducta la obligación de acatar y respetar la Constitución, algo que ya se recoge en los Reglamentos de ambas Cámaras, que son normas de rango superior.
Pero los ‘populares’ han puesto como «condición ‘sine qua non'» para apoyar el texto que no se elimine este punto. Desde el primer partido de la oposición avanzan su disposición a llegar a un acuerdo, pero también insisten en la necesidad de retocar el borrador en otros epígrafes para volver a la norma que se aprobó en 2019.
Por ejemplo, el PP considera imprescindible que se ponga en marcha ya la Oficina de Conflicto de Intereses que lleva desde entonces pendiente de creación en el Congreso. Ese órgano iba a tener «funciones de comprobación de la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses», pero los letrados proponen ahora eliminar esa capacidad. Y también rebajan la obligatoriedad de crear esa oficina, puesto que ahora sólo se habla de que «se podrá crear».
Las Mesas del Congreso y el Senado quieren aprobar el documento este jueves y podrán hacerlo aún en el caso de que el PP no lo apoye. El PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría en la Mesa del Congreso (seis votos frente a tres del PP y Vox) y los socialistas suman mayoría con el PNV en la del Senado (cuatro votos frente a tres de los ‘populares’).
NO ACEPTAR REGALOS DE MÁS DE 150 EUROS
El borrador reproduce el grueso del código que se aprobó para el Congreso, que no se ha llegado aplicar, pero los letrados han introducido algunas modificaciones para mejorarlo técnicamente.
Uno de los cambios radica en que el nuevo código deja claro que los parlamentarios no podrán aceptar regalos, favores o servicios que les sean ofrecidos por su cargo o pueda entenderse que buscan influir en su labor parlamentaria. Eso ya regía para el Congreso, pero ahora se especifica que tampoco podrá aceptarlos «su entorno familiar».
Asimismo, ahora sí se especifica que no se deben aceptar presentes que superen los 150 euros, al contrario de lo que ocurría en código del Congreso, que no fijaba cantidad alguna.
Otra de las novedades es que se concreta el periodo sobre el que los parlamentarios deben informar de sus actividades anteriores. Así, si en el código del Congreso no se ponía tope temporal, ahora se propone que tengan que informar de las actividades que hayan desarrollado durante el lustro anterior a su desembarco en las Cámaras. Si se trata de actividades por cuenta ajena, tendrán que precisar el nombre de sus empleadores y el sector de la actividad.
FUNDACIONES Y ONG
También deberán comunicar las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí, igualmente durante los cinco años anteriores, incluyendo viajes e invitaciones a actividades culturales o deportivas que, por su valor económico o cualquier otra circunstancia puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de intereses.
Además, según el borrador, desde su entrada en vigor se obligará a los parlamentarios a informar también de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades similares a las que contribuya o haya contribuido ya sea económicamente o altruistamente.
Como ya estaba previsto para el Congreso, las declaraciones de intereses de sus señorías se publicarán en las webs de ambas Cámaras. Si bien el nuevo código común dejará claro que éstas «sólo responderán de la información facilitada por los parlamentarios».
DESAPARECE LA CONFIDENCIALIDAD
Cuando exista un conflicto de intereses, el parlamentario deberá informar antes del inicio del debate del asunto que le afecte y, si duda de que exista o no, podrá dirigirse a la Mesa de la Cámara correspondiente para que resuelva lo que proceda. En el código del Congreso se establecía que este trámite tendría «carácter confidencial«, una precisión que ya no aparece en el borrador del nuevo texto.
Además, el nuevo código deja claro que cuando los parlamentarios viajen atendiendo invitaciones «personales o particulares» o que provengan de entidades privadas y esos desplazamientos no cuentan con autorización de las Cámaras «se abstendrán de hacer uso de su condición para asumir una representación oficial de las Cámaras» y en todo caso cumplirán el código ético.
Los letrados plantean eliminar las referencias al acatamiento de la Constitución, pero apuestan por incluir entre los principios que deben regir la labor parlamentaria «abstenerse de buscar u obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo» por el ejercicio de su cargo.
