Agentes de la Policía Nacional, en el marco del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, han desarticulado en Málaga un grupo que explotaba sexualmente a mujeres a tiempo completo en casas de citas con servicio a domicilio. Han sido liberadas 37 mujeres y detenidas 14 personas por su presunta implicación en la trama.
Las mujeres, explotadas en condiciones infrahumanas, no solamente debían estar disponibles y localizables las 24 horas del día para el ejercicio de la prostitución sino que además eran obligadas a consumir y ofrecer cocaína con la que también traficaban sus captores.
Gracias a esta operación han sido intervenidos 250.000 euros en los cinco registros realizados, lo que supone una de las mayores aprehensiones de efectivo en España en investigaciones relacionadas con la explotación sexual en casas de citas.
La mayoría de las víctimas eran captadas en sus países de origen e introducidas en España como supuestas turistas para en realidad ser explotadas a cambio de saldar una deuda contraída por el viaje, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación comenzó a mediados del año 2018, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo dedicado a la explotación sexual de mujeres en varias casas de citas ubicadas en Málaga. La investigación, en un primer momento, se centró en ubicar los pisos usados por la red con fines de explotación sexual y detectar las posibles víctimas.
Fruto de las indagaciones, los agentes pudieron constatar cómo el grupo estaba liderado por un cabecilla con un amplio historial delictivo y, bajo su dirección, la red estaba organizada en niveles de responsabilidad. Así, varios miembros de su propia familia estaban implicados –esposa, madre, hermanos, prima y tíos del principal investigado– se dedicaban a la explotación de las casas de citas.
En un escalón inferior estaban los encargados o «mamis», dedicados al control directo de las mujeres explotadas y del buen funcionamiento del negocio. Finalmente, en la base del grupo se situaban los conductores, encargados de trasladar a las meretrices a servicios a domicilio y otras tareas.
Según la investigación, muchas de las víctimas eran jóvenes de pequeñas localidades de Colombia provenientes de familias en una situación socioeconómica precaria. La mayoría de ellas habían sido captadas en sus países de procedencia e introducidas en España como supuestas turistas para luego, una vez en el país, ser explotadas en diferentes inmuebles ubicados en Málaga en unas condiciones de trabajo penosas y con jornadas maratonianas.
Además debían permanecer en las casas al menos durante tres meses, con el objeto de hacer frente a una deuda contraída con la red por los gastos generados al traerlas hasta España. De esta manera, a su llegada a los pisos, las jornadas de trabajo se prolongaban durante todo el día, teniendo que atender a los clientes en todo tipo de servicios –incluso en contra de su voluntad–, ya que si no los realizaban, no obtendrían ingresos suficientes para satisfacer la deuda generada con la organización criminal.
Avanzadas las investigaciones, consiguieron descubrir que el grupo se apropiaban del 50 por ciento de las ganancias generadas tanto con los servicios sexuales prestados por las víctimas como de las consumiciones de bebidas alcohólicas que tenían lugar en las casas de citas.
En este sentido, las mujeres eran obligadas a consumir y ofrecer sustancias estupefacientes –concretamente cocaína–, además de estar disponibles las 24 horas del día para el ejercicio de la prostitución. Tan sólo disponían de un par de horas libres al día, siempre dentro de la localidad, acompañadas y localizables en todo momento.
Con toda esta información, los agentes llevaron a cabo la fase de explotación de la operación, a través de la cual se practicaron cinco registros en inmuebles que posibilitaron la detención de los principales encartados. Durante la materialización de los mismos se efectuó la detención de 14 personas –diez de ellas han ingresado en prisión por orden judicial–.
Asimismo, la Policía Nacional ha intervenido 250.000 euros en metálico, 300 gramos de cocaína, 96 gramos de marihuana, precursores para la fabricación y distribución de sustancias estupefacientes, un vehículo a motor, material informático, así como diversos efectos y documentación relativa a los delitos de explotación sexual.
Uno de los inmuebles era utilizado como guardería de la droga y del dinero. Desde allí, especialmente en lo relativo a los estupefacientes, se nutría a otros pisos en los que operaba el grupo.
Los agentes han señalado que la situación de confinamiento, durante el estado de alarma, provocó que la organización, dedicada a la explotación sexual y al tráfico de drogas, no pudiera dar salida del mercado negro al dinero obtenido de la actividad ilícita. Por este motivo, la red criminal almacenó un total de 250.000 euros, una de las mayores aprehensiones de dinero en metálico producidas en España en investigaciones relacionadas con la explotación sexual en casas de citas.
