La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con el apoyo del PSOE, un texto de Unidas Podemos sobre políticas de derechos humanos en el marco de la pandemia, en el que se ha incluido una enmienda de ERC que su portavoz, Marta Rosique, ha justificado por la situación de sus «compañeros que son presos políticos».
«Ahora que tenían ciertos derechos se les ha vulnerado de manera absoluta y de forma maléfica y terrible», ha dicho, aludiendo a la decisión de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de impedir a los condenados por el 1-O confinarse en sus casas. «Es un doble confinamiento», ha añadido, recalcando que la enmienda era imprescindible para su grupo.
El texto de la Proposición no de Ley (PNL) aprobada no menciona la situación de Cataluña ni de los condenados por el 1-O, sino que habla de «promover que el cumplimiento de penas de privación de libertad» respete las medidas sanitarias y, al mismo tiempo», «las condiciones de vida dignas y los derechos penitenciarios incluyendo los derechos salida de los centros y de realización de actividades dentro y fuera de los módulos».
Todo ello, añade, «priorizando en todo caso el cumplimiento de penas por medio de medidas alternativas a la privación de libertad» como han recomendado organismos de la ONU.
El documento original se refería a «países donde no se cumplan las condiciones mínimas de salubridad y haya un alto riesgo de contagios» –se trata de la Comisión de Exteriores– y pedía «sumarse a la petición humanitaria de medidas alternativas a la privación de libertad de las personas presas en esos países.
En su turno de explicación, la socialista Susana Sumelzo se ha limitado a hacer un repaso general de la PNL y ha dicho que el PSOE apoya el «espíritu» de apostar por el multilateralismo ante los retos colectivos y quería dejar claro «quién está por el multilateralismo y quién por el conflicto».
En cambio, la ‘popular’ Teresa Jiménez Becerril ha advertido de que los organismos internacionales no piden la «excarcelación de terroristas» y ha advertido a Podemos de que si su idea de gobernanza internacional es la de Venezuela o la de Irán no pueden contar con el PP. Desde Vox, Alberto Asarta ha reprochado que presente un texto sobre derechos humanos un partido «responsable de cercenar» hasta 11 derechos fundamentales durante el estado de alarma.
Junto al capítulo penitenciario, la PNL pide promover en la UE treguas en los actuales conflictos bélicos, levantar las sanciones a los países para que puedna combatir la pandemia, pedir en la UE medidas específicas de protección de los migrantes frente al Covid y una política migratoria que respete los derechos humanos, promover que los gobiernos que actúan contra los derechos humanos reviertan sus acciones, impulsar la reestructuración de la deuda de los países menos avanzados y de renta media y un sistema de gobernanza multilateral.
una proposición no de ley (PNL) contra la represión en Bielorrusia y apostando un diálogo que sirva para celebrar nuevas elecciones, tras un debate en el que los portavoces independentistas han dicho que también ha habido «abusos policiales» en Cataluña.
«Lo que se ve en Minsk lo vimos hace tres años en las calles de Barcelona», ha dicho el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu. La de Junts, Mariona Illamola, ha afirmado que el texto es aplicable a la situación de Cataluña y por ERC Joan Josep Nuet se ha sumado a las peticiones de autocrítica.
El portavoz socialista, Héctor Gómez, que ha defendido la PNL, había argumentado en cambio que España como «país ejemplar» no puede tolerar situaciones como la de Bielorrusia.
A los independentistas les ha contestado en su turno el ‘popular’ Alberto Casero, advirtiéndoles de que en Bielorrusia no podrían ni sentarse en el Parlamento, como cualquiera «que no piense como el presidente».
UNIDAS PODEMOS NO VOTA CON EL PSOE
Finalmente, los tres partidos independentistas se han abstenido en la votación del texto, al igual que el Grupo Confederal de Unidas Podemos, cuyo portavoz, Antón Gómez Reino, se ha mostrado «muy preocupado» por los derechos humanos en este país, pero ha pedido a la UE que aprenda de sus «errores» como fue el caso de Ucrania, que desarrolle una política exterior independiente de Estados Unidos y que no opte por sanciones, sino por respetar la soberanía bielorrusa.
El texto, apoyado por PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, tiene en cuenta que la UE ha rechazado reconocer el nuevo mandato de Lukashenko, surgido de las elecciones del 9 de agosto que considera fraudulentas y pide al Gobierno que exija junto a la UE que se garantice el derecho de manifestación, la liberación de los detenidos ilegalmente, el fin de los abusos, su investigación y la reparación de las víctimas.
También pide diálogo para un acuerdo para la celebración de unas nuevas elecciones libres, transparentes y con presencia de observadores internacionales. A propuesta de Ciudadanos, se apoya que la oposición bielorrusa reciba el premio Sajarov de Derechos Humanos 2020 que concede la Eurocámara.
Junto a la PNL, la Comisión de Exteriores ha dado trámite a la ratificación de un convenio para prevenir la doble imposición entre España y Bielorrusia, junto a otros cinco convenios internacionales.
La sesión, en la que se han debatido nueve PNL, ha estado salpicada de rifirrafes sobre la existencia o no de «presos políticos» en España, con frecuentes alusiones de los portavoces independentistas.
EXAMEN PERIÓDICO DE DERECHOS HUMANOS
El rifirrafe entre independentistas y constitucionalistas sobre la existencia o no de «presos políticos» ha surgido también en el debate de una PNL de ERC para reclamar al Gobierno que acepte todas las recomendaciones que le hicieron otros países en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«No hay delitos de tipo político en España, en el EPU no hay ninguna recomendación sobre despenalizar delitos políticos porque no existen, ha dicho el socialista Marc Lamuà, que ha afeado a Marta Rosique (ERC) que le cueste aceptar que el Gobierno ha aceptado más del 90 por ciento de esas recomendaciones.
El diputado del PSC también le ha advertido contra algunas de esas recomendaciones: una de Pakistán contra la regulación de lugares de culto en Cataluña que hizo en su día el tripartito y otra de Islas Salomón contra la obligatoriedad de la educación convencional que, a su juicio abriría la puerta al pin parental.
Finalmente, con el voto en contra de PP y Vox y la abstención de Ciudadanos se ha aprobado una enmienda transaccional en la que se insta al Gobierno a comprometerse a dar seguimiento a las recomendaciones, con indicadores del grado de cumplimiento y a implicar al Congreso en ese seguimiento, incluyendo una explicación a la Comisión de por qué algunas no se han aceptado.
