Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo, hizo entrega del Informe Anual de 2018 a Meritxell Batet, presidenta del Congreso. Un documento que recogió 17.697 expedientes; de entre ellos, 16.998 fueron dedicadas a quejas, 372 estuvieron dirigidas a investigaciones de oficio y 327 a solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad.
Con todo, el Defensor del Pueblo estimó oportunas formular a las Administraciones Públicas 1.552 resoluciones, entre recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales y advertencias.
En el informe existe un apartado que recoge todas las sugerencias y quejas que no fueron contestadas por las diferentes administraciones, ya fuesen estas generales, autonómicas o locales. Algo así como una especie de buzón de los desamparados que, ni por mano de un intermediario, logra captar la atención de los órganos competentes.
EN ARAGÓN EL AMIANTO TAMBIÉN ESTORBA
El amianto no le sienta bien a nadie. Es un mineral que se manifiesta en forma de fibras y que posee una magnífica resistencia a la combustión, uno de los motivos por los que era empleado asiduamente en la construcción. La pega es su descomposición, ya que fragmentado es susceptible de engendrar cáncer en quien lo respira. De ahí que, desde 2001, esté prohibido entre nuestras fronteras.
En los albores de los comicios autonómicos, europeos y municipales del 26M los maquinistas del Metro de Madrid y de Barcelona, convocaron cuatro días de huelga para protestar contra la pasividad de los ayuntamientos a la hora de eliminar los elementos estructurales que lo contuviesen.
Una queja similar recibió, en mayo de 2017, el Defensor del Pueblo desde Aragón. De hecho, fue el propio Defensor el que entró de oficio para reclamarle al Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad la eliminación de la presencia de amianto en elementos constructivos de las instalaciones de centros docentes. No se recibió ninguna respuesta ni en la segunda ni en la tercera reclamación acometida en 2018, por lo que se acabó desistiendo.
A día de hoy el problema sigue subsistiendo. Al menos así lo declara la creación, en enero de este año, de la Asociación de Afectados por el Amianto (A4), fundada con la intención de ofrecer apoyo social y psicológico a las víctimas del mineral cancerígeno.
EN PRIEGO (CUENCA) LA MOVILIDAD REDUCIDA NO IMPORTA
El 17 de julio de 2017 el Defensor del Pueblo solicitó información al Ayuntamiento de Priego, de Cuenca, sobre una queja formulada por Ángel Romero, un vecino de la localidad que solicitaba el acondicionamiento de una plaza de aparcamiento para minusválidos en el centro del pueblo. Se hizo un tercer y último requerimiento sin éxito en enero de 2018, por lo que se desistió.
Llegado mayo del pasado curso, Azucena Redruello, alcaldesa de esta localidad conquense, achuchada por la Junta de Comunidades y por la oposición del PSOE, atendió la demanda y arregló tres plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
EL VISO DE SAN JUAN, PROBLEMA CONSTANTE CON LOS OKUPAS
El 18 de octubre de 2016 el Defensor del Pueblo solicitó información al Ayuntamiento de El Viso de San Juan (pueblo de Toledo) para que tomase cartas en un asunto de okupación ilegal. El tercer requerimiento se hizo pasados los dos años, el 14 de marzo de 2018, tampoco sin respuesta alguna.
Casualidad o no, en marzo del presente curso la Policía desalojó un chalé okupa en el pueblo que, además, ayudó a desarticular una banda dedicada a la sustracción de automóviles y su posterior desguace. Esta maniobra se enmarca en la «Operación Fusao», dirigida a desmantelar casos de esta índole en Toledo y Madrid.
CONIL, UN PARAÍSO EN EL QUE SALE CARO DORMIR
Conil, pueblo costero de la provincia de Cádiz, se llena cada verano de miles de jóvenes y foráneos en busca de fiesta. A veces, esto suele resultar molesto para los asiduos y habitantes, que acusan el ruido procedente de la multitud de discotecas, restaurantes y bares existentes.
El Defensor del Pueblo recogió una queja relativa a esto el 18 de octubre de hace dos años que tuvo que repetir el 3 de julio del siguiente curso. De hecho, el alcalde, Cristóbal Olmedo, acusó en agosto de 2017 no poder atajar el problema porque no estaba en su mano ampliar la plantilla de policías, especialmente en los meses de verano.
LA CULTURA NO SIEMPRE RESPONDE
Según el artículo 105 de la Constitución Española, la ley regulará “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.
Lo mismo debió pensar el ciudadano que presentó su solicitud al Defensor del Pueblo en junio de 2017 y que aún no ha recibido respuesta alguna. La sugerencia, remitida a posteriori a la Secretaría de Estado de Cultura, se quedó en agua de borrajas tras su tercera reclamación en febrero de 2018 y caducó en julio del 2018 al disolverse las Cortes y, por tanto, reestructurarse el departamento ministerial. A pesar de ello, el equipo de Sánchez Marugán volvió a insistir sin éxito mediante llamada telefónica.
