El juzgado de Instrucción número 4 de Castellón investiga si el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 -que confirmó en 2014 el Tribunal Supremo- por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales en el conocido como ‘caso Naranjax’.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juez instructor ha acordado ya el levantamiento del secreto que pesaba sobre las diligencias, abiertas en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.
En la causa están investigados por el momento el propio Carlos Fabra, su mujer, uno de sus hijos y una cuarta persona.
