El Parlament balear ha validado este martes en sesión plenaria el decreto 12/2020, el cual permitirá aumentar el ratio de cuidadores en las residencias de personas mayores; modificar sanciones por fumar en la vía pública, que desde ahora estarán limitadas a un máximo de 100 euros; ampliar el plazo para solicitar la compatibilidad de la Renta Social Mínima Garantizada (RESOGA) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), entre otras cuestiones.
EL decreto ley 12/2020 ha sido validado este martes en la Cámara Autonómica con el apoyo de un total de 55 diputados –PSIB, Unidas Podemos, MÉS, Ciudadanos (Cs), El PI y Grupo Mixto– y el único voto en contra de los tres diputados de Vox.
Pese a su validación, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado que este fuera, además, tramitado como proyecto de ley aunque no ha conseguido el respaldo para ello con 20 votos a favor, 32 en contra y cuatro abstenciones.
SANTIAGO CREE QUE «NO HAY MOTIVOS PARA VOTAR EN CONTRA»
La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha sido la encargada de defender el decreto ley 12/2020 delante del Parlament.
En este sentido, ha propuesto, por ejemplo, que se incrementen los ratios de cuidadores en las residencias de personas mayores, pasando de los 28 actuales a 33 por cada 100 residentes, lo que supondrá un aumento de un 15%. «Esta medida tendrá un coste de más de un millón de euros a Govern y consells insulares», ha dicho y ha reconocido que «supondrá un incremento de precios de 68 a 71 euros para residentes de grado tres».
EL GOVERN AYUDA A 4.400 PERSONAS A TRANSITAR DE LA RESOGA AL IMV
Asimismo, Santiago ha defendido la necesidad de ampliar el plazo de transitoriedad de la solicitud del IMV, de modo que los actuales preceptores de la Resoga puedan mantener la ayuda hasta el 30 de septiembre.
Al respecto, ha dado a conocer que el Govern ha ayudado a 4.400 personas a hacer la posible transición de la RESOGA y la Renta Mínima de Inserción (RMI) al IMV y que la Conselleria repasó cada una de las situaciones de los 9.000 titulares de la RESOGA y la Renta Mínima de Inserción (RMI) y comprobó que 4.614 de ellas podrían pasar a recibir el IMV a quienes automáticamente, se envió una carta explicando la obligatoriedad de solicitar el IMV y se contrató a 26 personas para ayudarles con los trámites. Santiago ha asegurado que, una vez hecho este trámite, «todos seguirán recibiendo la percepción autonómica mientras no tenga la resolución positiva del IMV».
Asimismo, ha explicado que el problema llegó cuando 760 personas no respondieron a las llamadas de los auxiliares. En este momento, de acuerdo con el régimen sancionador de la RESOGA, se decidió suspender el abono de la prestación con la intención de tener una respuesta de este colectivo. De los 760 no localizadas, el 4 de septiembre, 680 ya habían iniciado los trámites. Santiago ha insistido en que «el Govern ha sido proactivo para que nadie se quede sin prestación».
OTRAS MEDIDAS DEL DECRETO
De igual modo, ha planteado la necesidad de modificar la norma que imponía una multa a quien fumara en la vía pública, que podía ir de 100 hasta los 3.000 euros, para que se limite máximo 100 lo que la equipara a la sanción por no uso de mascarilla, «demostrando que no había voluntad de recaudación», ha dicho.
Con todo, ha defendido una disposición adicional que asegura un sistema para contratar temporalmente a profesionales de limpieza de los centros educativos públicos y otras tres disposiciones finales, para establecer una cláusula de deslegalización de la modificación del Decreto 86/2010, de 25 de junio; modificar el artículo 244.1.f) de la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y derechos de la infancia y la adolescencia de Baleares; y, en tercer lugar, disponer la entrada en vigor de la norma.
POSICIONES DE LOS GRUPOS QUE APOYAN AL GOVERN
Tras la defensa de la Consellera del decreto ley, ha sido el turno de los diferentes grupos parlamentarios que se han mostrado a favor de validar esta normativa.
Así, la diputada del PSIB, Beatriu Gamundí, ha creído necesario validar este decreto después de «valorar el esfuerzo del Govern para no dejar a nadie atrás a través de la Resoga y el IMV» y lamentar que «no se pueda decir lo mismo de otras comunidades donde gobierna la derecha». Además, ha añadido, «al aumentar ratios en residencias de personas mayores se toma una medida social de impacto y que muestra la importancia de ir cumpliendo las medidas adoptadas en la Mesa de Diálogo Social».
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Mayor, ha valorado de forma «conveniente» este decreto al opinar que incluye medidas de justicia social, para redistribuir la riqueza y luchar contra pobreza infantil. «Las prestaciones a personas permitirán la reactivación económica. Hay que seguir poniendo a las personas en el centro», ha defendido Mayor, quien ha añadido, «se toman medidas que son imprescindibles para proteger vidas, como el incremento previsto en los ratios de cuidadores en residencias de gente mayor».
Finalmente, la diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha argumentado su apoyo a la validación de este decreto en tanto en cuanto «esta formación apoya medidas que garanticen mejoras en ayudas a personas mayores, a la dependencia. La gente mayor es un patrimonio imprescindible».
LA OPOSICIÓN VOTA A FAVOR DEL DECRETO A EXCEPCIÓN DE VOX
En la oposición, la diputada del PP Núria Riera ha dicho que el apoyo de este Grupo se ha debido a su oposición «leal, contundente y constructiva». Si bien, ha lamentado que el aumento de cuidadores llega «muy tarde» al igual que la ampliación del plazo del régimen de compatibilidad entre la RESOGA y el IMV.
Para el diputado de Cs en el Parlament Juanma Gómez modificar el plazo para la solicitud del IMV a aquellos preceptores actuales de la Resoga es algo que es «importante» hacer aunque, ha advertido, «el Govern deberá adelantar dinero y pedir más al vicepresidente segundo español». Mientras, respecto al aumento de las ratios, ha considerado que «se debería de haber hecho ya pese a que se preveía la segunda ola para octubre».
El portavoz parlamentario adjunto de El PI, Josep Melià, ha creído que la medida principal la medida principal de este decreto es el aumento de los ratios de los cuidadores en residencias de personas mayores y por eso esta formación le ha brindado su apoyo a pesar de seguir siendo críticos con la gestión de las residencias en la crisis sanitaria de las COVID.
La diputada del Grupo Mixto, Silvia Font, ha opinado, en su caso, que trabajar con decretos «no debería ser la tónica del Govern» y ha insistido en que hay que «poner la vida en el centro, porque sin esta no hay economía», apelando a que «las políticas actuales van a tener repercusión en los próximos años y si todos se organizan y cooperan la situación puede convertirse en oportunidad».
El diputado de Vox Sergio Rodríguez se ha desmarcado del resto de la oposición al votar contra la validación de este decreto, afirmando que «este decreto no hace sino modificar decretos anteriores y es un intento de enmendar errores».
«No se puede, además, ser constructivo con este Govern, porque su idea del diálogo es esto es lo que hay si no eres un facha. Además, tienen la opinión de que lo suyo es siempre inmejorable», ha dicho Rodríguez, quien ha asegurado que «lo mejor del debate ha sido ver a miembros de MÉS defendiendo que en un caso de necesidad el catalán no es tan importante». «Si se hubiera suspendido para siempre el limite el requisito del catalán para limpiar en las escuelas, Vox hubiera votado a favor».
