La Mesa del Congreso ha vetado este martes la tramitación de la proposición de ley registrada por Más País-Equo y Compromís para delimitar la inviolabilidad del Rey acotando los actos que realiza como Jefe del Estado y diferenciándolos de los que hace como «persona privada» y, por tanto, «no inviolable».
El órgano de gobierno de la Cámara ha frenado la calificación de la iniciativa con el argumento de que al estar la inviolabilidad del Jefe del Estado fijada en la Constitución ha de presentarse una proposición de reforma constitucional para modificarla.
UNIDAS PODEMOS, EN CONTRA DEL VETO
La decisión se ha adoptado con los votos de PSOE, PP y Vox, mientras que Unidas Podemos ha apoyado su tramitación, alegando que para poner límites a la inviolabilidad basta con una ley orgánica que desarrolle el citado precepto constitucional.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha avanzado que su formación recurrirá la decisión de la Mesa, lo que les dará pie, en su caso, a llevar en el futuro el veto ante el Tribunal Constitucional.
«¿Tan difícil es delimitar cuando un rey es responsable de sus actos? PSOE, PP y Vox nos vuelven a impedir hacer nuestro trabajo. Excusas legales a problemas reales», se ha quejado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
De su lado, el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, ha denunciado que la iniciativa se ha vetado sin un «fundamento jurídico sólido» y que supone «el enésimo ataque a la ciudadanía para poder controlar a la Monarquía».
LA MESA, COMO ALA MONÁRQUICA DEL TC
«¿En qué queda convertida la Monarquía parlamentaria si las Cortes no pueden impulsar leyes sobre su funcionamiento?», se ha preguntado, incidiendo en que el Parlamento no puede «callar y consentir actuaciones completamente incompatibles con la transparencia». «No es posible que la mesa acabe actuando como si fuera el ala monárquica del Tribunal Constitucional», ha denunciado.
Además, ha vuelto a quejarse de la negativa del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, a introducir preguntas específicas sobre la Monarquía en sus encuestas, alegando que no una de las preocupaciones de los españoles.
En este contexto, ha avisado de que si la macroencuesta sobre la Corona que prepara 40dB –dirigido por la expresidenta del CIS Belén Barreiro– demuestra que existe una importante contestación al régimen monárquico, Tezanos debería dimitir «por haber pedido cualquier atisbo de profesionalidad en esta materia».
La iniciativa, bautizada como Ley de Responsabilidad de la Corona, propone que la involabilidad del Rey o la Reina alcance exclusivamente a su actividad institucional, es decir, a los actos que necesiten de refrendo, y que ésta se mantenga incluso tras abandonar la titularidad de la Jefatura del Estado. Además, plantea que la responsabilidad derivada de dichos actos recaiga sobre las personas designadas para refrendarlos.
De esta forma, el titular de la Corona sí será «responsable de los actos u omisiones que realice, ya sea a título particular o como miembro de la Familia Real».
AFORAMIENTO REAL
En otros de los artículos, la proposición de ley establece que serán las leyes procesales las que determinen qué tribunal o tribunales son los competentes para conocer de los proceso seguidos para determinar la responsabilidad, civil o penal, del Rey o la Reina.
El texto incluye también una disposición que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial regular el aforamiento del Rey y equipararlo al de otras altas instituciones del Estado.
En concreto, persigue que sean las Salas de lo Civil y lo Penal del Supremo las que conozcan de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra el Rey, la Reina, la Reina consorte, el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o la Reina que hubiera abdicado y su consorte.
