Los obispos tienen que encontrar urgentemente una persona que se convierta en su portavoz en un momento delicado, en el que tienen que lidiar con las polémicas sobre la pederastia, la inhumación de Franco en la catedral de la Almudena, el pago del IBI o las inmatriculaciones.
El actual portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo renuncia a prorrogar su cargo. La Santa Sede decidió nombrarle nuevo obispo de Ávila sólo quince días antes de que el Episcopado decidiera sobre su continuidad. Gil Tamayo anunció entonces que prefería dedicarse en exclusiva a su diócesis. Los obispos elegirán su sucesor el próximo miércoles, dentro de su Asamblea Plenaria.
La decisión de no continuar pilló desprevenidos a los obispos, que afrontaron la noticia con muy poco tiempo para reaccionar. Para el nuevo periodo de cinco años, lo más probable es que hubiera repetido Gil Tamayo, según fuentes episcopales. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal es la persona que se convierte en la cara pública de la Iglesia católica española y tiene que responder sobre los temas de actualidad.
El adiós de Gil Tamayo se produce cuando se han recrudecido varios frentes muy sensibles para la imagen de la Iglesia católica. El primero de ellos es el de la pederastia. Ante los testimonios sobre nuevos casos y el papel jugado por los superiores jerárquicos de los que los cometieron, la Conferencia Episcopal ha reaccionado reconociendo el “silencio cómplice” de la Iglesia.
Sin embargo, el episcopado matiza que los casos de abusos en la Iglesia son un porcentaje pequeño en relación con el total de los que se producen. Con este argumento, los obispos piensan, en palabras del propio Gil Tamayo, que se habla más de estos casos en el seno de la Iglesia católica de forma intencionada y para desacreditarla.
La persona que se convierta en el nuevo secretario general también tendrá que afrontar el asunto de la posible inhumación de los restos del dictador Francisco Franco en la catedral de la Almudena. El Gobierno ha advertido que podría impedir la entrada en la cripta de esta catedral si se producen actos de exaltación del franquismo, en el caso de que la inhumación se realizara finalmente en este lugar.
La tensión en este punto se ha hecho evidente no solo con la Iglesia española, sino también con el Vaticano. La Santa Sede publicó de forma excepcional un comunicado para corregir al del Gobierno español tras la visita de la vicepresidenta Carmen Calvo al secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin. En este documento desmintió haber acordado nada en concreto con el Gobierno español sobre el lugar a donde vayan a parar los restos de Franco.
En el terreno doméstico, la propia vicepresidenta ha presionado al arzobispado de Madrid a actuar, como dueño de la Almudena, para que el asunto no quede sólo al albur de la voluntad de la familia Franco.
El procedimiento de la exhumación avanza, una vez que ha culminado el periodo de alegaciones de la familia y el Gobierno afronta ya el paso de acceder a la Basílica del Valle de los Caídos. Como lugar de culto, su interior es inviolable, según los acuerdos del Estado con la Santa Sede, por lo que deberá contar con el consentimiento de la Iglesia. Tanto desde España como desde el Vaticano se ha expresado que la Iglesia no pondrá impedimentos a la exhumación.
LOS OBISPOS ANTE LA EXENCIÓN DEL IBI
Otros asuntos que se han calentado en los últimos meses están relacionados con el dinero. El primero de ellos es la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que gozan los lugares de culto. El segundo es la polémica sobre las conocidas técnicamente como inmatriculaciones, la anotación de bienes inmuebles en el registro de la propiedad a nombre de la Iglesia con la prueba única de su propia declaración.
El portavoz de los obispos tiene por delante responder a las críticas desde los colectivos contrarios al estatus tributario de la Iglesia católica. Además, tendrá que hacer frente a los pasos que dé el Gobierno, que sacó el tema del régimen fiscal de la Iglesia ante el secretario de Estado Pietro Parolin sin que fuera tratado previamente con los obispos españoles.
El secretario general de la Conferencia Episcopal es un puesto clave. Su mandato alcanza cinco años, frente a los tres que tiene el de presidente. De esta manera, la persona elegida imprime carácter, por su continuidad, a la institución. El antecesor de Gil Tamayo, Juan Antonio Martínez Camino, se mantuvo en el cargo durante diez años, el límite máximo de dos mandatos.
José María Gil Tamayo fue elegido en 2013 cuando estaba a punto de terminar la presidencia del cardenal Antonio María Rouco Varela. La elección de Gil Tamayo fue interpretada como una apertura de los obispos a los nuevos aires del papa Francisco. Además, los obispos tuvieron que votar pensando en las características del presidente que relevaría más adelante a Rouco.
Ahora, los miembros de la Conferencia Episcopal elegirán a un secretario general que entre sus características tendrá que incluir la de poder trabajar en sintonía con el presidente, Ricardo Blázquez, cuyo mandato no caduca hasta 2020.
Según los estatutos de la Conferencia Episcopal, no hay ninguna condición explícita que deban cumplir los candidatos. Aunque se ha especulado con que los obispos pudieran elegir algún día a una mujer, no parece probable que suceda en esta ocasión.
