La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha vuelto a trasladar esta tarde la postura de la Xunta sobre la Ley de Cambio Climático para expresar la «oposición» del Gobierno gallego a que la normativa estatal modifique la duración de las condiciones en dominio público marítimo-terrestre.
La Xunta asegura que introduciendo articulado sobre la duración de las condiciones en dominio público marítimo-terrestre «se está poniendo en peligro la economía de Galicia».
Si sigue la tramitación, «se mantiene la incertidumbre y pone en riesgo a más de un centenar de empresas», considera el Gobierno gallego, que asegura que supondrá «erradicar del litoral de Galicia más de 5.000 construcciones, entre las que se encuentran más de cien de la cadena mar-industria». Además, otra de las empresas que estaría afectada es Ence, un compromiso, el de ‘sacarla’ de la ría de Pontevedra, que tiene el PSOE.
A través de un comunicado, la Xunta ha insistido en que lleva denunciando «desde hace más de un año esta inseguridad jurídica que genera la reforma de la normativa», primero con la modificación del reglamento de costas y ahora con el proyecto de ley.
Ángeles Vázquez lamenta la «actitud» del Gobierno central. «Cuando parecía que el Estado iba a dar marcha atrás, aceptando retirar el reglamento de costas, meses después retomó su objetivo a escondidas echando mano de la nueva Ley de cambio climático», reprocha la conselleira, que solicitó la «retirada» del artículo 18.4 del proyecto legislativo.
FONDO ÁREA DE INFLUENCIA DE PARQUES NATURALES
En la reunión, Vázquez ha sido informada de que Galicia participará en el reparto que realizará el Ministerio para la Transición Ecológica para realizar actuaciones en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional das Illas Atlánticas.
El presupuesto total asciende a 3 millones de euros y su objetivo es promocionar el desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de los 15 Parques Nacionales que componen la Red, formada por 169 municipios en los que viven alrededor de 1,5 millones de personas.
De esta cuantía ha sido informada este lunes la conselleira de Medio Ambiente en el encuentro digital sectorial en el que ha participado el secretario de Estado de Medio del ministerio, Hugo Morán y ha estado presidida por la ministra Teresa Ribera.
Se trata de promover acciones en el conjunto de ayuntamientos que integran el área de dinamización del único parque nacional presente en la Comunidad, primando el número de hectáreas, como baremo para la distribución de recursos.
TENDIDOS ELÉCTRICOS
Además, durante el encuentro se abordaron las ayudas para la eliminación de los tendidos eléctricos aéreos, como medida para evitar los accidentes y daños de aves. La conselleira Ángeles Vázquez votó en contra de la propuesta realizada por el Ministerio y reclamó la aplicación de otro baremo distinto a la superficie de cada comunidad para los fondos.
Con el reparto actual, explica la consellería, Galicia recibiría 57.000 euros de esta línea de incentivos. Por ello, propuso como posible criterio una proporción entre los kilómetros de líneas de alta tensión peligrosas de cada comunidad respecto del total que hay en España.
OTROS ASPECTOS DEL ENCUENTRO
Además, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha aprobado la Estrategia Nacional de Conservación de Polinizadores, un documento que incluye un diagnóstico y establece unos objetivos concretados en seis líneas de actuación, y materializados en 37 medidas, para avanzar en la recuperación de estas especies, encargadas de la polinización del 78% de las flores silvestres y del 84% de los cultivos de la Unión Europea.
En la reunión, presidida por la vicepresidenta del Gobierno se ha acordado el reparto territorial de más de 20,7 millones de euros para programas vinculados con la protección del medioambiente.
En concreto, los fondos se dirigirán a actuaciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la gestión de residuos; la adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano; la protección de especies en situación crítica; y la promoción del desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de Parques Nacionales (ya mencionado).
La conferencia ha aprobado los criterios de reparto y la distribución de fondos sobre las actuaciones del PIMA Cambio Climático, la Política de Residuos y el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Residuos, así como la distribución de la dotación correspondiente a las actuaciones del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y el reparto de fondos en Áreas de Influencia de los Parques Nacionales.
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MEDIO URBANO
Otro de los puntos de la Conferencia se centró en el reparto territorial de los fondos del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Cambio Climático. En total, se han distribuido 9 millones de euros dirigidos a actuaciones de adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano, donde reside el 80 por ciento de la población española.
Los beneficiarios de los fondos serán entidades locales y municipios con un tamaño inferior a 100.000 habitantes. En el caso de las actuaciones para el diseño e implantación de Zonas de Bajas Emisiones, el Plan se dirige a entidades de entre 50.000 y 100.000 habitantes.
La territorialización de los fondos aprobados se ha llevado a cabo en función de proyecciones climáticas –concretamente, de las necesidades de refrigeración en cada territorio-, del número de municipios menores de 100.000 habitantes y de la población en municipios menores de 100.000 habitantes, estableciéndose un máximo de 1 millón de euros y un mínimo de 100.000 para cada administración autonómica.
La Conferencia Sectorial también ha autorizado la distribución de 5,87 millones de euros procedentes de PIMA de Residuos y de las líneas presupuestas asignadas a la Política de Residuos.
El objetivo es promover actuaciones que permitan reducir las emisiones de GEI asociadas al sector y, por otro lado, avanzar en la consecución de los objetivos nacionales y comunitarios en esta materia. Entre ellas se encuentran iniciativas de recogida separada de biorresiduos, construcción de instalaciones de compostaje y recogida separada de aceite de cocina usado para la fabricación de biocarburante.
AYUDAS PARA ESPECIES EN SITUACIÓN CRÍTICA
Además, se ha acordado destinar otro millón de euros para acciones de conservación de cuatro especies declaradas «En situación crítica»: 453.852 euros se dedicarán a la conservación del urogallo cantábrico -y en concreto, a su nuevo centro de cría en Castilla y León-; 252.986 euros se centrarán en trabajos de conservación del visón europeo en La Rioja; 95.200 euros irán a tareas de conservación de la cerceta pardilla dentro de la Comunitat Valenciana; y 80.000 euros irán destinados a los trabajos de conservación de la Jara de Cartagena, en Murcia.
