PP y Vox llevan la situación de Venezuela al Congreso

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso debatirá el próximo jueves la situación de Venezuela con motivo de dos proposiciones no de ley (PNL) presentadas por el PP y por Vox, unos textos que llevan tiempo registrados pero que se debatiran unos días después de que la misión de verificación de la ONU haya hablado de crímenes de lesa humanidad atribuibles a los poderes públicos del país.

El debate se producirá, además, días después de la reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela que expresó «profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos» y constató que no se dan las condiciones para que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre sean democráticas.

Sin embargo, ese mismo grupo ha mantenido abierta la puerta al diálogo y ha dado mandato al alto representante de la UE, Josep Borrell, para que continúe los contactos para ver si es posible celebrar elecciones creíbles y democráticas más adelante, con observación europea.

La primera PNL a debate es la de Vox, que quiere que el Congreso inste al Gobierno a adoptar una «estrategia específica de colaboración» con EEUU y su fiscalía norteamericana para la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y otros imputados por «gravísimas acusaciones.

En una larga exposición de motivos, Vox basa su petición en que el Fiscal General de EEUU ha imputado a Maduro y a otros 14 cargos actuales y retirados por diversos casos de delitos de narcotráfico, narcoterrorismo, corrupción y blanqueo de capitales.

El texto de Vox también señala que «es numerosa la información pública que vincula a este narco-régimen venezolano con miembros del actual ejecutivo español, hecho este del que se pedirán las debidas explicaciones y responsabilidades llegado su debido momento». «Lo prioritario ahora mismo es que España coopere en cuanto sea necesario en la captura de los imputados por los distintos organismos norteamericanos», alega.

Por su parte, el PP quiere poner sobre la mesa las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJV) de retirar la personalidad jurídica a partidos de oposición, «un paso más para tratar de legitimar, mediante una violación de las normas de respeto al juego democrático, un régimen autoritario con falsa apariencia de democracia».

Los ‘populares’ tratarán de que el Congreso inste al Gobierno a «condenar las violaciones de los derechos civiles y democráticos por parte del régimen dictatorial venezolano», incluidas las decisiones adoptadas contra los partidos de oposición.

El PP también quiere instar al Gobierno a liderar en la UE la «conformación de una coalición internacional que despliegue una Operación de Paz y Estabilización» destinada a dar «asistencia humanitaria a toda la población, ayudar a la reconstrucción de las infraestructuras de emergencia, promover el Estado de derecho y restaurar la democracia mediante elecciones presidenciales democráticas, libres y transparentes en Venezuela cuando se den las circunstancias necesarias para hacerlo».

Así, llamará a pedir la elección de un Comité Nacional Electoral elegido por la Asamblea Nacional Venezolana que permita la participación de todos los partidos en unas elecciones creíbles y verificables.

Además, quiere «exigir la inmediata liberación de los presos políticos actualmente encarcelados» e «instar al Gobierno de España a que condicione cualquier negociación, cooperación o diálogo diplomático con la dictadura a la demostración de avances en materia democrática y de respeto de los derechos humanos».

También quiere que el Gobierno reconozca la legitimidad de Juan Guaidó como presidente encargado, conceda privilegios diplomáticos a los representantes designados por él y dé una «respuesta contundente» a las acusaciones del Gobierno de Maduro contra la Embajada española.

El texto presentado propone felicitar a la UE por la imposición de sanciones individuales contra otros 11 responsables del régimen e instar al Gobierno a liderar en la UE la exigencia de seguir imponiendo sanciones individuales «contra los responsables de la represión, sus testaferros y colaboradores necesarios».