JxCat, ERC y la CUP han presentado una propuesta de resolución conjunta en la que piden que el Parlament rechace y condene la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por parte del Tribunal Supremo (TS).
«El Parlament rechaza el enjuiciamiento y la posible condena del Molt Honorable President Torra por hechos que no son constitutivos de ningún delito, que están amparados por la libertad de expresión y la inviolabilidad parlamentaria», afirma la propuesta y que se votará el viernes en el Debate de Política General.
También plantea que la Cámara muestre su solidaridad con los dos procesos judiciales que afronta Torra «por haber defendido las instituciones catalanas, la libertad de expresión, la libertad de los presos y de los exiliados, y el derecho a la autodeterminación».
En otro punto, critica la «desproporción y la indignidad» del juicio, que tacha de politizado, y afirma que en el Estado español es imposible encontrar justicia para los independentistas y para otros movimientos disidentes.
Además, en la resolución los partidos independentistas proponen que la Cámara catalana renueve «su compromiso con la ciudadanía de Cataluña y con su voluntad mayoritaria para alcanzar democráticamente la independencia, como única manera de proteger las instituciones y el bienestar social y económico del país».
«REPRESIÓN REITERADA»
Asimismo, la iniciativa condena la «represión reiterada contra los tres últimos presidentes de la Generalitat», contra la Presidencia del Parlament, contra miembros del Govern, cargos electos, activistas sociales y ciudadanos que han defendido la autodeterminación.
JxCat, ERC y la CUP instan al Parlament a constatar que «la represión ejercida por el Estado español es la principal fuente de inestabilidad política en Cataluña y que no se detendrá con una posible inhabilitación del Molt Honorable President Torra, como no comenzó ni se detuvo con la represión ejercida contra los tres anteriores candidatos de esta legislatura a la Presidencia».
«El Parlament condena los reiterados intentos desestabilizadores del Estado español en contra de las instituciones, la economía y el bienestar de la ciudadanía de Cataluña en una situación de emergencia sanitaria, social y económica como la actual», concluye uno de los puntos de la resolución.
