El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles, con un amplio apoyo parlamentario de 114 votos a favor, 19 en contra y una abstención la Ley de Medidas Procesales y Administrativas frente al covid-19 impulsada por el Ministerio de Justicia, que incluye una reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa que permitirá traspasar el control de las medidas antipandemia a los tribunales superiores (TSJ).
El ministro de Justicia, presente en la sesión, ha mostrado su agradecimiento a todos los grupos por el trabajo conjunto realizado para lograr un texto de consenso. Únicamente han mostrado su desacuerdo con la norma los diputados de Vox y JxCat
El resto de grupos parlamentarios, incluido el PP, ha saludado la nueva Ley, si bien el diputado popular Miguel Ángel Jerez ha recordado que el Proyecto llegó con muchos errores y sin el consenso de los operadores jurídicos, algo que ha debido solventarse a lo largo de la tramitación parlamentaria.
Junto con Edmundo Bal, de Ciudadanos, Jerez ha criticado disposiciones cuya aplicación ya es irremediable, como la habilitación de días de agosto que dejó sin descanso a abogados y procuradores, especialmente de despachos pequeños, sin que ello haya servido para nada de cara al colapso que sufren los tribunales.
La reforma, anunciada hace sólo unas semanas por el PSOE, permitirá residenciar en los TSJ la competencia de determinadas resoluciones judiciales como las referidas a medidas limitativas de derechos fundamentales ante rebrotes por covid-19, de modo que sea un tribunal colegiado, en vez de un juez unipersonal, el encargado de ratificar o no las decisiones de las comunidades autónomas en este ámbito.
LA REFORMA CONTENCIOSA, UNA «OCURRENCIA» PARA VOX
Se busca así dotar de mayor seguridad jurídica a estas medidas tras las decisiones contradictorias adoptadas durante los últimos meses por jueces de lo contencioso de diferentes territorios.
La reforma, sin embargo, ha sido calificada de mera «ocurrencia» por el diputado de Vox José María Sánchez García, que ha señalado que el hecho de que nazca de «ciertos contratiempos habidos en ciertos juzgados que han dictado autos que suspendían ciertas disposiciones» la hace «poco convincente».
En su mayoría, las medidas discutidas ya fueron fijadas en el real decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que el Congreso convalidó el pasado 13 de mayo, y que estaban implementadas desde finales de abril.
La ley disposiciones sanitarias, uso de medios telemáticos y suprime la necesidad de contar de cita previa para acudir a los juzgados, algo que se había contemplado en un primer rmomento.
