La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat catalana y la Mesa de la Ciudadanía y la Inmigración han pedido al Estado una «reforma urgente» del reglamento de la ley de extranjería para que los jóvenes extutelados puedan obtener un permiso de trabajo a los 18 años.
Las entidades de la Mesa, órgano consultor del Govern, han alertado que el actual marco legal en España empuja a miles de jóvenes migrantes a la precariedad social ante la «imposibilidad de renovar el permiso de residencia» y, por lo tanto, conseguir un trabajo, al llegar a la mayoría de edad, ha informado en un comunicado este miércoles la Generalitat.
Según la declaración de la Mesa, suscrita por el Govern, la legislación y la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo hacen «prácticamente imposible» la plena incorporación de estos jóvenes en la sociedad, arrastrando a los extutelados a una situación de irregularidad administrativa, paro, dependencia económica de las ayudas sociales y economía sumergida.
Durante la reunión de la Mesa, el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, ha declarado que el Govern está muy preocupado por la situación de irregularidad sobrevenida que puede provocar la interpretación del Tribunal Supremo de la ley de extranjería, que imposibilita el acceso de los jóvenes migrantes al mercado laboral: «No se es consciente de la situación de vulnerabilidad a la que se puede condenar a estos jóvenes, que no lo merecen».
El Homrani ha explicado que la situación de los jóvenes migrantes empeorará a partir del 21 de septiembre debido a las nuevas restricciones en la renovación de los permisos de residencia y ha exhortado al Gobierno central a establecer una autorización automática para trabajar para extutelados al alcanzar la mayoría de edad, o bien conceder una residencia de larga duración a los jóvenes con autorización de residencia al llegar a los 18 años.
«Estos dos años hemos hecho un gran esfuerzo en la acogida e inclusión social y laboral de estos adolescentes y jóvenes, porque tenemos la obligación legal y moral de hacerlo, pero tiraremos por la borda todo el trabajo hecho si los colocamos en situación de irregularidad», ha reflexionado el conseller.
