La que fue ministra de Justicia del presidente del Gobierno, Dolores Delgado, pierde cada vez más amigos y su «profesionalidad» está siendo cuestionada por más de un colega. Todos recuerdan la pregunta que se hizo hace años Pedro Sánchez: «¿de quién depende la Fiscalía?», se cuestionaba en una entrevista dejando entrever que era del presidente del Ejecutivo. Y ahora, después de que haya nombrado a Delgado fiscal general del Estado se ha dado la peculiaridad de que los fiscales han frenado todas las querellas que pudieran incomodar al Gobierno. Pero además, esta misma institución ha parado cualquier intento de poner a Podemos en un brete judicial. Algo peculiar que ha enfadado a muchos fiscales y jueces.
Ni Caja B de Podemos, ni querellas contra el Ejecutivo por su gestión de la pandemia ni nada similar. La Fiscalía se ha convertido a ojos de cualquier espectador en un dique de contención de problemas judiciales. Los fiscales tienen orden de, por ejemplo, no investigar ni llevar adelante denuncias contra la gestión del Gobierno. Esto es, que esas querellas que han presentado desde una asociación de la Guardia Civil hasta un colectivo de médicos no tienen cabida. Son muchas, pero la Fiscalía General del Estado tiene claro que no va a dar pie a estas demandas pase lo que pase.
Pero el efecto colateral es que los fiscales (entendiéndose por esta afirmación la cúpula que dirige a esta institución) han frenado también según qué investigaciones sobre Unidas Podemos. La formación morada pasa por un momento turbulento. Y hay más de un juez que ve indicios de delitos que salpican al partido del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Pero lo cierto es que la Fiscalía ha solicitado frenar muchas de las investigaciones que afectan al socio de Gobierno del PSOE.
«Le he pedido a Dolores Delgado que sea absolutamente independiente», dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras nombrar a su exministra de Justicia como fiscal general del Estado. Y tras esto, llama la atención de jueces y fiscales que la institución haya protagonizado alguna que otra acción que se puede interpretar como de protección al Gobierno.
El malestar se deja ver entre los fiscales. Evidentemente la gran mayoría de ellos no comparten que se haga un «uso partidista» de la institución, algo que parece que Delgado está haciendo, o al menos es como lo perciben los jueces y fiscales. Basta mantener una conversación con cualquier profesional de este ámbito para notar la desaprobación que sienten hacia la gestión de Delgado, algo que muchos veían venir tras el nombramiento de Sánchez.
Los primeros en alertar han sido los partidos de la oposición, sobretodo el Partido Popular; el mismo que mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Mientras unos bloquean desde diciembre una renovación que debería llegar cuanto antes y critican al contrario por usar a la Fiscalía, los otros hacen justo lo contrario. Pero lo que es cierto es que las sensaciones en las instituciones judiciales rozan la indignación por cómo los partidos políticos meten mano en sus asuntos sin importar tocar la imagen y la profesionalidad de sus funcionarios.
Fiscales y vocales están hartos de cómo se gestiona desde el panorama político su realidad laboral. Si no es conveniente que Unidas Podemos caiga por investigaciones judiciales, la fiscalía de forma oportuna las frena. Y si no es conveniente renovar un Consejo con mayoría conservadora, Casado lo frena y no hay mayores consecuencias.
