El Partido Popular y Ciudadanos mantienen atascada una proposición de ley en el Congreso que pretende acabar con el límite de tiempo impuesto a la investigación de los casos de corrupción. Ambos grupos parlamentarios han ampliado 53 veces el plazo de enmiendas de esta iniciativa.
La paralización la han conseguido ambos grupos gracias a que tienen mayoría en la Mesa de la Cámara. De esta manera, la mayoría de votos en el Pleno del Congreso que apoyó la iniciativa del grupo de Unidos Podemos, que busca eliminar el límite a la investigación de los casos de corrupción, no ha sido suficiente. Ahora, el Congreso ha aprobado otra proposición, esta vez no de ley, para recalcar el apoyo mayoritario a la derogación de los límites impuestos a la instrucción judicial.
Lo que está en juego en este rifirrafe es la limitación en el tiempo que impuso el Partido Popular a la instrucción de casos judiciales, que iba a afectar directamente a los relacionados con la corrupción, que necesitan años de pesquisas.
El PP reformó el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer un límite de seis meses para los casos sencillos. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Justicia, Dolores Delgado, han expresado públicamente su intención de derogar esta reforma.
Según la reforma del Partido Popular, que se encuentra actualmente vigente, los casos complejos podían ver ampliada su instrucción hasta dieciocho meses o hasta un total de tres años si era necesario y lo solicitaba la Fiscalía. Esta medida fue criticada también por el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y las asociaciones judiciales y de fiscales.
El Partido Socialista ha llevado su proposición no de ley a votación de una manera sui generis. Las proposiciones no de ley suelen instar al Gobierno a realizar alguna acción. En el caso de la proposición de hoy, se trata de un pronunciamiento para que la Mesa de la Cámara deje de entorpecer la tramitación de la reforma que pretende derogar estos plazos.
IMPUNIDAD PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN
El diputado socialista Pedro José Muñoz explicó que la limitación en el tiempo pretende realmente la impunidad en muchas causas judiciales. La instrucción de casos de corrupción suele llevar aparejadas actuaciones, como por ejemplo las comisiones rogatorias a otros países, que suelen desbordar los plazos impuestos por la reforma del PP.
Para este diputado, el hecho de que la Mesa introduzca hasta 53 ampliaciones del plazo de enmiendas supone “violentar el reglamento, un abuso de Derecho” y, además, estaría siendo realizado “sin cobertura legal”.
La posición del PP sigue siendo de defensa de esta limitación. Y eso que, como recordó el diputado de Unidos Podemos, Eduardo Santos, el exministro Rafael Catalá y el presidente del PP, Pablo Casado, se comprometieron públicamente con todas las asociaciones judiciales a derogar este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El diputado del grupo popular Avelino de Barrionuevo sostuvo que el acortamiento de los plazos pretendía terminar con la “pena de banquillo”. Como ejemplo puso el caso Astapa, donde recordó que había sido detenido un alcalde socialista.
Barrionuevo subrayó que se va a celebrar el juicio diez años después del inicio de las actuaciones. Finalmente, de 95 imputados que llegó a haber, la causa ha sido sobreseída para 39 de ellos. En su opinión, “no se puede permitir que durante una década hayan sufrido pena de banquillo”.
El diputado del Partido Popular retó a que los que quieren derogar estos límites señalen casos de impunidad que se hayan producido durante los tres años de esta reforma. Ciudadanos, que mantiene paralizada la derogación de la reforma que introdujo el PP, se declara favorable a la iniciativa de los demás grupos para eliminarla.
Sin embargo, según su diputado José Ignacio Prendes, el resto de grupos deberían apoyar la iniciativa de su grupo, que se encuentra en tramitación, contra la corrupción. Esta propuesta incluye otras reformas como la elaboración de un estatuto del denunciante de los casos de corrupción.
