El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, deberá contestar este miércoles en el Pleno del Congreso una pregunta sobre los gastos de seguridad del Rey Juan Carlos desde que el pasado 3 de agosto anunció el traslado de su residencia fuera de España.
Tanto Junts como la CUP aprovecharon la primera sesión de control tras el paréntesis estival para registrar iniciativas sobre la decisión del Rey Juan Carlos de abandonar España, pero la Mesa del Congreso rechazó tramitar la interpelación de los anticapitalistas y sólo dejó pasar la pregunta de Junts.
En concreto, la portavoz de Junts, Laura Borràs, quiere que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explique en el Pleno del congreso «cuánto dinero público se destina a la estancia y seguridad del rey Juan Carlos en Emiratos Árabes Unidos» el destino donde recaló el mismo día que se anunció desde Zarzuela su decisión de irse de España.
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso examinó el escrito de Junts y lo ha admitió a trámite sin poner reparos al entender que la la seguridad del anterior jefe del Estado si es competencia del Ejecutivo, con lo que el Gobierno deberá contestarla.
LA DECISIÓN DEL EMÉRITO NO ES COSA DEL GOBIERNO
La CUP, por su parte, registró una interpelación al Gobierno para detallar cuál ha sido la colaboración del Ejecutivo con la marcha del rey Juan Carlos, pero volvió a chocar con el veto de la Mesa del Congreso, que impidió su inclusión en el orden del día del próximo Pleno del Congreso.
«No procede su admisión a trámite por no adecuarse al objeto propio de las interpelaciones dado que no versa sobre los motivos o propósitos de la conducta del Gobierno en cuestiones de políticas general en relación con las competencias del Gobierno», dictaminó el órgano de gobierno de la cámara
Las dos formaciones independentistas ya habían participado en varios intentos de crear una comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos y de pedir explicaciones al Gobierno sobre su salida del país, pero la Mesa del Congreso los ha venido vetando al considerar, de acuerdo con los letrados de la Cámara, que la familia real es «materia ajena» al control parlamentario del Ejecutivo.
