La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido que se siga adelante con la investigación a Podemos pero solo en lo referido al contrato suscrito para las elecciones generales de abril de 2019 entre el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting, y al que aludía el Tribunal de Cuentas en su informe.
Este escrito es el primero de Fiscalía dirigido al juzgado de instrucción número 42 de Madrid sobre el asunto, y en él, el Ministerio Público señala que de los hechos denunciados por el antiguo empleado de la formación política, el abogado José Manuel Calvente, solo se debe seguir adelante con la parte de la investigación referida al contrato con Neurona Consulting.
Sobre las otras cuestiones denunciadas por Calvente, la Fiscalía reseña que algunas de ellas son «rumores, sospechas o suspicacias» mientras que para el resto no existen indicios que demuestren la existencia hechos delictivos.
En la nota del Ministerio Público, se detalla que el procedimiento arrancó a raíz de una denuncia presentada Calvente, quien había trabajado como abogado en la formación política desde el 1 de agosto de 2014 al 2 de diciembre 2019, en la que ponía de manifiesto la existencia de hechos presuntamente delictivos cometidos en el seno de Podemos.
En concreto, aludía a cuatro: el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras de la formación –la abogada Marta Flor–; la licitación irregular de obras, en concreto las obras de la nueva sede del partido; y la contratación fraudulenta de gastos de campaña y cobro de comisiones a través de contratos con Neurona Consulting y ABD Europa.
Sobre el contrato de Neurona, la Fiscalía aprecia la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo» y rechaza el carácter «prospectivo» de la investigación porque no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que «es una empresa creada ad hoc para la prestación del servicio».
Asimismo, se apunta que de la información bancaria remitida, resulta que Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a la mercantil de tecnología digital Creative Advice Interactive con sede en Dallas por un importe total de 308.257,20 euros «cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores.
Además, desde Fiscalía reseñan que si bien los gastos de Neurona en sus cuentas corrientes son los normales de la prestación de servicios –y citan recibos de Burguer King, Uber o Museo del Jamón– y que hay comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, no constan «gastos de personal, medios materiales o locales» propios de una actividad empresarial.
En este mismo escrito, se rechaza la petición de nulidad de actuaciones planteada por Podemos que se sustentaba en que no constaba la grabación completa por lo que generaba indefensión. Y les indica que «si lo desea la parte ahora apelante no tiene más que solicitar una copia».
Del mismo modo, el Ministerio Público descarta la obtención ilícita por parte del denunciante de la documentación aportada a la causa dado que su relación laboral con Podemos «no ampara el secreto profesional en lo que se refiere a la aportación de documentación relativa a cuestiones internas del partido». Incluso niega que se trate de una investigación prospectiva como alega la formación política.
En su denuncia, Calvente se refería también a una serie de actos preparatorios que desde su punto de vista serviría como indicios de la comisión de hechos delictivos. Por ejemplo, citaba el cierre del portal de transparencia incumpliendo los Estatutos, el nombramiento de la nueva gerente, el cese del antiguo responsable de compras y el nombramiento del nuevo o la falta de aprobación del presupuesto de 2019 y los presupuestos de las campañas electorales de 2019.
A esto sumaba el aumento de los salarios del tesorero y gerente por encima de los límites éticos fijados por el partido así como el abono de gastos desproporcionados y conceptos no autorizados, y la desaparición de la auditoria externa y falta del control del gasto.
Pero la Fiscalía entiende que a pesar de que estos hechos pueden ser «discutibles» desde el punto de vista ético o de la transparencia «es claro que no revisten caracteres de delito«.
De igual modo, sobre los complementos salariales y la justificación de gastos de miembros del partido, recuerda que fue el Podemos quien se impuso límite salarial que no excediera los tres salarios mínimos interprofesionales, cifra que se fijó en 2.850 euros para los empleados.
E incide en que de las nóminas aportadas por Calvente, ninguna supera el límite fijado en 2019 por el propio partido, salvo el de una persona que tenía a su cargo un hijo de 20 meses. «No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde», precisa la Fiscalía.
Al respecto, ahonda que si bien el cobro de cantidades por parte de trabajadores del partido por encima de las cantidades que se habían fijado como límite ético podría ser «discutible» desde su normativa interna, esto «no constituye hecho típico alguno».
En relación a la adjudicación de fondos a #404, Calvente sospecha de que tras ella está el coportavoz morado y diputado Rafael Mayoral por cuanto intuye la intervención de una tercera persona que es asesor de una eurodiputada de Podemos. Pero la Fiscalía, tras examinar la web, subraya que «se trata de una asociación cuya finalidad es dar visibilidad a denuncias sociales».
Puntualiza, además, que no hay ningún indicio de que Mayoral se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas «por más que se acompañen (los indicios) de relaciones y rumores obtenidos a través de internet».
En relación al acceso no consentido al disco duro de Flor, el representante del Ministerio Publico pone de manifiesto que «teniendo en consideración la ausencia de denuncia de la persona afectada no se puede acordar ninguna diligencia».
Y sobre la adjudicación a dedo denunciada por Calvente de las obras de acondicionamiento del inmueble de la calle Villaespesa, en Madrid, la Fiscalía se remite a la normativa en materia de contratación de los partidos políticos, y explica que, pudiendo hacerlo, Podemos optó por el procedimiento de urgencia porque según el denunciante concluía el periodo de arrendamiento de la oficina de la calle Princesa.
De la infracción aportada resulta que Podemos incumplió sus propias normas internas de licitación «con estándares de control muy superiores a la propia Ley de Contratos» pero que dicha circunstancia no reviste carácter delictivo.
No obstante, indica que otra cuestión es la diferencia entre el precio de adjudicación, 1,3 millones de euros, y el de licitación que era de 649.936 euros. Dado que la Fiscalía no cuenta con ningún elemento más para valorar la naturaleza delictiva de esta modificación al alza del precio final, se remite a la declaración del denunciante en sede judicial cuando señaló que «el presupuesto era muy inferior al valor real de las obras y que se bajó el importe para adjudicarlo a quien querían».
Así, la Fiscalía aprecia que «ni siquiera el denunciante considera que el valor real de la obra no fuera el de 1,3 millones euros, sino que lo único que refiere es que la adjudicación fue a dedo». En cuanto a la denuncia de contratos que podrían ser fraudulentos con ABD que contaría como comisionistas con el responsable de comunicación del partido Juan Manuel del Olmo y Mayoral, tampoco ve indicios.
