Ciudadanos propondrá a los demás partidos acordar cambios legislativos para que se cumplan las medidas del Pacto Antitransfuguismo, tras los casos de Santa Cruz de Tenerife, Málaga, La Coruña y otros municipios donde concejales o exconcejales de Cs han apoyado mociones de censura o alterado las mayorías de gobierno incumpliendo las directrices de su partido.
En algunos casos, los ediles decidieron abandonar la formación naranja por discrepancias con las líneas marcadas por sus dirigentes, y en otras ocasiones fue el partido el que los expulsó por desobedecer instrucciones. El problema para Cs surge cuando estos concejales se niegan a entregar su acta.
En los últimos meses, Ciudadanos ha visto cómo los votos de sus exconcejales en varios municipios han servido para cambiar a un alcalde por otro o para modificar las mayorías políticas. Ha ocurrido en La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Málaga, y también en localidades más pequeñas como Cartaya (Huelva), Huércal-Overa (Almería), Benicàssim (Castellón) y Colmenarejo (Madrid).
En estos lugares, el PSOE o el PP han llegado a acuerdos con ediles o exediles de Cs para, gracias a sus votos, hacerse con el poder en un Ayuntamiento o una Diputación Provincial. A cambio, los tránsfugas suelen obtener un cargo, garantizarse un sueldo o conseguir otro tipo de ventajas.
Para poner fin a estas situaciones, Ciudadanos solicitará su adhesión al Pacto Antitransfuguismo y llevará varias propuestas a la reunión que la Comisión de Seguimiento celebrará el próximo 21 de septiembre, diez años después de su último encuentro.
Esta reunión ha sido convocada por el Gobierno, tras un encuentro en julio con todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales excepto el PP y Vox, que se ausentaron. Previamente, el partido liderado por Inés Arrimadas se había citado con el PP y el PSOE para convencerlos de la necesidad de reforzar el acuerdo.
Los partidos tienen de plazo hasta el 14 de septiembre para remitir al Ministerio sus propuestas para actualizar y mejorar el Pacto Antitransfuguismo, suscrito en 1998 y modificado posteriormente en 2000 y 2006.
Lo que pedirá Ciudadanos es que se consensúen iniciativas legislativas que «obliguen a cumplir» el acuerdo «penalizando» el transfuguismo.
Concretamente, el partido naranja apuesta por cambiar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para que «quien incurra en transfuguismo pueda seguir siendo concejal» –ya que el Tribunal Constitucional establece que el acta es de la persona, no del partido–, pero «no pueda tener ni un privilegio».
Así lo ha explicado el vicesecretario adjunto de Cs, José María Espejo-Saavedra, que sostiene que los partidos deben empezar a tomarse en serio las medidas del Pacto Antitransfuguismo, porque «está clarísimo que se ha ido incumpliendo reiteradamente por unos y por otros».
A su juicio, los tránsfugas «traicionan la voluntad de los votantes» cuando van en contra de las directrices del partido con el que fueron elegidos en las urnas. Para Ciudadanos, esta es «una forma de corrupción», ya que el tránsfuga «vende su voto» a cambio de «un puesto en un gobierno o en un chiringuito político» u otro tipo de «privilegios o prebendas».
Espejo cree que «el transfuguismo se reduciría» si se eliminaran esos incentivos y que solo hace falta voluntad política para legislar en ese sentido. «Sería en beneficio de todos, porque es una práctica que sufren todos los partidos«, ha apuntado.
En Cs están satisfechos con la actitud que está mostrando el PSOE, aunque será en la reunión del día 21 donde comprueben si hay un «interés real» por resolver el problema. En cambio, no ven «ningún interés» por parte del PP, «protagonista» de algunos de los casos de transfuguismo que más preocupan a los ‘naranjas’, según Espejo.
CASOS EN LOS QUE EL PP SE HA BENEFICIADO
Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, donde el ‘popular’ José Manuel Bermúdez se convirtió a mediados de julio en el nuevo alcalde al prosperar la moción de censura presentada por Coalición Canaria, el PP y la concejal Evelyn Alonso –expulsada de Cs por este motivo– contra la socialista Patricia Hernández.
Gracias al pacto que Alonso alcanzó con el PP y CC, se ha convertido en segunda teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Promoción Económica y Medio Ambiente.
En el caso de Málaga, Juan Cassá, diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de la capital, dejó Ciudadanos en mayo para después pactar con el PP y entrar en el Gobierno de la Diputación como portavoz y delegado de Relaciones Institucionales.
Los ‘populares’ gobernaban en minoría en la Diputación, con 15 representantes, y ahora con Cassá han alcanzado los 16. En la ciudad de Málaga, el PP y Cs gobiernan en coalición y el voto de Cassá es esencial para el Ejecutivo de Francisco de la Torre.
En Huércal-Overa (Almería), el concejal de Cs José López rompió el pacto de gobierno con el PSOE y en junio respaldó una moción de censura contra la alcaldesa, Francisca Fernández, llevando a la Alcaldía a Domingo Hernández, del PP. López, que fue expulsado de la formación naranja, se integró en el nuevo equipo de gobierno.
EL PSOE TAMBIÉN HA TRATADO CON TRÁNSFUGAS
En otros casos, ha sido el PSOE el que ha pactado con tránsfugas de Ciudadanos, como en La Coruña. Allí, la concejal Mónica Martínez decidió abandonar Cs en junio, dejando al partido sin representación en el Ayuntamiento, y el 1 de septiembre se incorporó al Gobierno local de la socialista Inés Rey, asumiendo las competencias de Deportes y Cultura.
O en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), donde el edil de Cs Israel Medina ignoró las indicaciones de su partido y apoyó una moción de censura contra el alcalde, Manuel Barroso (PP), permitiendo su sustitución por Alexis Landero (PSOE) el pasado julio. Actualmente, Medina es segundo teniente de alcalde y responsable de varias áreas en el Ejecutivo local.
En el municipio madrileño de Colmenarejo, el concejal de Cs Juan José Díez negoció de manera unilateral su entrada en el Gobierno municipal, liderado por la socialista Miriam Polo; mientras que en Benicàssim (Castellón), Domingo Lorenzo salió del partido naranja y solicitó su baja en el equipo de gobierno para pasar a ser edil no adscrito, dejando en minoría al Ejecutivo del PP y Cs.
Otro lugar donde concejales de Ciudadanos han creado problemas al partido es Móstoles. En este Ayuntamiento madrileño, César Ballesteros Ferrero y Sara Isabel Pino Rosado anunciaron hace varios meses que dejaban el grupo de Cs con la intención de pasarse al mixto, aunque finalmente acabaron como ediles no adscritos.
Posteriormente, el Pleno del consistorio aprobó un acuerdo de la alcaldesa, la socialista Noelia Posse, con los votos del PSOE, Podemos y uno de los concejales tránsfugas, para que los concejales que participen en un mínimo de tres comisiones puedan ejercer su cargo en régimen de dedicación parcial. La oposición acusó entonces a Posse de haber hecho «un traje a medida» a los dos exediles de Cs para que pudiesen mantener sus retribuciones.
LAS MEDIDAS DEL PACTO ANTITRANSFUGUISMO
En el Pacto Antitransfuguismo, los partidos firmantes apuestan por combatir el transfuguismo en las entidades locales, comprometiéndose a rechazar y a no admitir en su grupo político local a un concejal integrado en la candidatura de otra formación mientras mantenga el cargo conseguido en su candidatura original.
Asimismo, acuerdan impedir la utilización de tránsfugas para «constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno» de las instituciones y no ofrecerles mejorar sus derechos económicos y políticos ni integrarlos en los equipos de gobierno.
