Gogora-Instituto Vasco de la Memoria se hará cargo de los trabajos que realizó durante la pasada legislatura la Ponencia de Memoria y Convivencia, al estar presentes en este organismo todos los partidos con representación parlamentaria, y desarrollará un pacto social de convivencia «transversal», basado en la premisa de que, «ni antes ni ahora ni en el futuro, ninguna razón política puede justificar el terrorismo o cualquier otra vulneración de derechos».
Así se plasma en el pacto de Gobierno alcanzado entre el PNV y el PSE-EE que, además, apuesta por una política penitenciaria basada en la reinserción y que favorezca el acercamiento de los presos, en los términos de «orientados en la Constitución y la legalidad penitenciaria», y en colaboración con el Gobierno del Estado.
El capítulo del acuerdo entre socialistas y jeltzales dedicado a ‘convivencia y derechos humanos’ recuerda que Euskadi «ha dejado atrás un pasado de terrorismo, violencia y división», tras el cese definitivo de la actividad de ETA el 20 de octubre de 2011, y la posterior disolución de la banda en 2018.
PNV y PSE-EE manifiestan, en el texto, su determinación de continuar «con un proceso de cooperación con el objetivo de consolidar sólidamente la paz y la normalización de la convivencia». En este sentido, denuncian «la ilegitimidad de la violencia para conseguir fines políticos», y reafirman su compromiso «con el respeto escrupuloso de los derechos humanos, aceptando, sin matices, la dignidad igual de todos y cada uno de los ciudadanos, por encima de ideologías o sentimientos de pertenencia, así como la defensa de la pluralidad».
«Seguimos comprometidos a construir la convivencia desde la verdad, la memoria y la justicia, promoviendo una reflexión plural en la que quede nítidamente expresado que ningún argumento, ni un contexto o teoría del conflicto, ni una tesis sobre bandos enfrentados, ni la denuncia de vulneraciones de signo diferente, ni una razón de Estado, ni la prevalencia del futuro, puede ser invocado para minimizar, justificar o legitimar la violencia de ETA, ni ninguna otra violación de los derechos humanos», indican.
Por ello, abogan por que «la memoria y el honor de las víctimas no queden relegados por una mirada al futuro que olvide el pasado». Además, trabajarán para que, «desde el diálogo y consenso con ellas, todas reciban el reconocimiento y la reparación que merecen, sin exclusiones y sin establecer paralelismos sobre las causas de su victimización».
PRESOS Y POLÍTICA PENITENCIARIA
A su juicio, la normalización de la convivencia debe abordar, «dentro del marco de posibilidades legales, la cuestión de los presos, política penitenciaria y la reinserción».
En esta línea, expresan su determinación para que el fin del terrorismo y de la violencia «se transformen en integración y vertebración social de la convivencia, mediante el compromiso con los valores del diálogo, la educación en Derechos Humanos y la cultura democrática.
«Es el momento de reiterar nuestra voluntad compartida de consolidar una convivencia justa, pacífica e inclusiva, basada en la memoria de la injusticia del daño causado, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo», señalan.
PLAN ESTRATÉGICO DE CONVIVENCIA
Sobre estas premisas, el proyecto de convivencia del Gobierno Vasco se canalizará mediante un plan estratégico de convivencia y derechos humanos que se estructurará en dos grandes ámbitos: la agenda vasca para la convivencia y la agenda global de los derechos humanos.
El principio rector lo constituirán «el respeto, promoción y defensa de la dignidad humana y los derechos humanos», desde «el principio ético irrenunciable de que no hubo y no hay ninguna razón política que pueda anular la dignidad, la integridad y el derecho a la vida de las personas».
Jeltzales y socialistas adquieren los compromisos de defensa de los derechos de las víctimas, la promoción de una memoria crítica del pasado de terrorismo y violencia, la política penitenciaria y reinserción, y la coordinación de políticas de derechos humanos.
TODAS LAS VÍCTIMAS
En cuanto a la defensa de las víctimas, ratifican su compromiso «con los derechos de verdad, justicia, memoria, reparación y solidaridad a las provocadas por ETA, por el GAL y por otros grupos, y a las víctimas de abusos policiales, todo ello sin equiparaciones ni exclusiones, y rechazando cualquier teoría justificativa o contextualizadora de cualquier forma de terrorismo o violencia».
Este compromiso se canalizará mediante el desarrollo de la Ley vasca de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, y se promoverá el proyecto Batera «de unión entre víctimas y sociedad para la convivencia y el futuro». También implicará que se desarrolle la denominada ‘Ley de abusos policiales’.
El acuerdo PNV-PSE destaca «la realidad de los casos de esclarecimiento incompleto», y que, «en tanto no sean aclarados, merecerán un esfuerzo adicional de reconocimiento».
MEMORIA CRÍTICA
En referencia a la memoria crítica, se concreta «en el rechazo a la legitimación, compensación o minimización de cualquier forma de terrorismo o violencia ocurrida en el pasado, y en la oposición frontal a la reedición en el presente o en el futuro, orientada a compartir un proyecto social de convivencia y basada en el reconocimiento de la injusticia que supuso el terrorismo y otras violencias de motivación política».
Este compromiso se materializará en el Plan de Actuación de Gogora 2021-24, y la consolidación de sus recursos divulgativos, de investigación y gestión.
Gogora desarrollará, asimismo, «un pacto social sobre la convivencia, de alcance transversal y sentido ético, basado en la premisa de que, ni antes ni ahora ni en el futuro, ninguna razón política puede justificar el terrorismo o cualquier otra vulneración de derechos». Dentro de ese mismo compromiso, se sitúa también la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.
POLÍTICA PENITENCIARIA
PNV y PSE-EE expresan su compromiso con una política penitenciaria fundamentada «en la promoción activa de los principios legales de individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción», con un apoyo al traslado de los presos a prisiones cercanas a su entorno familiar, «en los términos orientados por la Constitución y la legalidad penitenciaria».
En todo caso, apuntan que este compromiso se canalizará a través del «dialogo y la colaboración con el Gobierno español, competente en materia de política penitenciaria, que tenga como orientación fundamental la reinserción».
El texto contempla la transferencia de la gestión de centros penitenciarios, de acuerdo con el cumplimiento íntegro del Estatuto, y que consta en el cronograma de posibles negociaciones de los traspasos solicitados al Ejecutivo estatal.
El acuerdo recuerda que la agenda vasca de derechos humanos «viene marcada por los retos del planeta e implica un compromiso con la agenda global de derechos humanos». En el ámbito educativo, se vehiculizará a través del Programa marco de Educación y Derechos Humanos, el programa de iniciativas divulgativas y la consolidación de «Eskura», Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos de Aiete.
En materia de prevención de la radicalización violenta, se desplegará el programa socioeducativo Uztartu. También se desarrollará un Programa Vasco de contribución a la paz en el ámbito internacional.
Conllevará, además, la colaboración con el Consejo de la Juventud de Euskadi en el marco del Programa Etikasi, de visitas educativas para jóvenes a ciudades europeas marcadas por la guerra u otras experiencias traumáticas de violencia.
