Plena Inclusión y la patronal AEDIS han solicitado que la ayuda que reciben los trabajadores de los centros especiales de empleo «se vea reforzada teniendo en cuenta los momentos de extraordinaria dificultad que sufren en el ámbito laboral las personas con discapacidad intelectual».
Así lo han indicado este lunes ambas organizaciones, que han saludado la propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social de aumento del 50% al 55% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los trabajadores de los centros especiales de empleo con «discapacidad severa».
«Saludamos que se reconozca de manera explícita a los trabajadores y trabajadoras con trastorno del espectro autista dentro del colectivo con especiales dificultades de inserción en el mundo laboral. Creemos necesario, también, que se incorpore, de manera general a esta definición a otros trastornos del desarrollo», ha dicho el presidente de Plena Inclusión España, Santiago López.
Por su parte, el presidente de AEDIS, Bernabé Blanco, ha indicado que valoran «este ligero aumento de la financiación pública», aunque ha asegurado que «hay que aclarar que se trata de actualización respecto al actual SMI que ha pasado de 900 a 950 euros».
«Nos parece importante que se haya mantenido en este ejercicio el incremento del 5’5% que ya se registró en el pasado año. Para nuestros centros de empleo protegido resulta imprescindible que la financiación se incremente para el sostenimiento del empleo de las personas con más dificultades», ha añadido Blanco.
De este modo, AEDIS y Plena Inclusión han insistido en la necesidad de mejorar las medida seguridad y prevención sanitaria en los centros especiales de empleo ante la pandemia del coronavirus.
Para ello, solicitan al Ministerio de Trabajo que garantice la provisión de equipos suficientes de protección, así como los recursos sanitarios y sociosanitarios necesarios para que «los trabajadores y trabajadoras de los centros especiales de empleo puedan realizar su labora en un entorno seguro».
Ambas organizaciones esperan «un pronto despliegue de un marco legislativo que garantice las condiciones de dignidad en el mundo de trabajo a las personas con discapacidad y en especial, a aquellas con mayores dificultades de inserción laboral».
