La consejera valenciana de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, ha anunciado este viernes que va a pedir la constitución de la comisión de seguimiento del convenio que la Generalitat tiene con el Ministerio del Interior para «reclamar la necesidad y prioridad urgentísima de cubrir todas las bajas» que hay actualmente en la Unidad de la Policía Adscrita de la Generalitat Valenciana.
Así lo ha anunciado después de reunirse este viernes en Castelló con la comisaria de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana, Marisol Conde, para hacer balance de las actuaciones realizadas por esta unidad en relación con el control de medidas por el coronavirus.
«Necesitamos, como mínimo, alcanzar los 500 efectivos» que marca el convenio de creación de este cuerpo de seguridad porque, durante la pandemia, «se ha revelado como un elemento estratégico fundamental» para hacer cumplir las medidas contra la propagación de la Covid-19, ha indicado la consejera, que va a subrayado va a «reivindicar la necesidad urgente de que nos cubran todas las bajas».
En esta línea Bravo ha destacado el «papel y actuación estratégico y fundamental de la Policía Adscrita para el Consell y los valencianos» y ha asegurado que «nos va en ello la salud y la seguridad».
La Unidad Adscrita llevó a cabo 126.183 actuaciones relacionadas directamente con la pandemia durante la vigencia del estado de alarma entre el 14 de marzo y el 20 de junio. Entre ellas, la custodia de 101 convoyes con material sanitario; 7.263 servicios de vigilancia; 22.048 controles de vehículos y 26.619 inspecciones de negocios, entre otras.
En el periodo comprendido entre el 22 de junio y el 20 de agosto, ha identificado a un total de 4.657 personas de las que han sido detenidas 18 de ellas. También ha levantado 142 actas por tenencia ilícita de armas o drogas, otras 15 por desobediencia y falta de respeto a la autoridad y otras tres por infracciones en materia de seguridad vial.
