La proposición de ley acordada por PSOE y Junts en materia migratoria vuelve a poner a prueba las costuras de la coalición Sumar, ante la fractura entre las ramas que critican el marco «racista» que ha introducido de los postconvergentes en la iniciativa y los partidarios de aceptar su tramitación, para poder corregir su redacción que no contamine una delegación de competencias a Cataluña que sería positiva.
Así, se vuelven a resurgir tensiones internas entre las posturas de los distintos partidos de la confluencia, como ya ocurrió con el acuerdo entre el PSC y ERC sobre la financiación singular para Cataluña, o la advertencia de Compromís respecto a la quita de deuda a las comunidades autónomas.
Diversas fuentes del grupo plurinacional asumen que van a tener que abordar un debate intenso, aunque en los sectores más favorables a la medida están esperanzados de conciliar posturas y poder obtener una posición común. Así, recalcan que la dirección del grupo en el Congreso, con representantes de los partidos, será la encargada de fijar posición.
ADMITEN QUE JUNTS ENFANGA EL DEBATE
Por ejemplo, varias fuentes de Sumar y sus aliados admiten que la lectura de Junts, con mensajes antiinmigración, han contaminado el debate y soliviantan los ánimos internos en un asunto tan sensible para la izquierda como la migración.
Mientras, otros dirigentes del espacio plurinacional entienden la alarma pero dejan claro que la introducción a una ley es la «nada» en términos legislativos. «Obstáculo no veo para tramitarla, dudas concretas hay y mucha discusión interna, por supuesto», resume un parlamentario que rechaza cualquier tipo de presión por la postura de Podemos, que anunció su oposición al acuerdo migratorio entre PSOE y Junts.
Así, sectores de la coalición llaman a la calma y piden que aunque Junts suscriba la norma, no supone que sea una ley de derechas y que Sumar, como otras fuerzas progresistas, tienen capacidad de «depurar» la redacción haciendo valer sus votos. Este viernes el diputado y portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, apostaba por esa fórmula: facilitar la admisión a trámite y «expurgar» toda referencia que coincida con el marco de la extrema derecha.
De hecho, tanto IU como otros partidos del socio minoritario llaman a aprovechar este texto para conseguir la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar migrantes, así como reformar la Ley de Extranjería para lograr el reparto de menores no acompañados que llegan a Canarias al resto de comunidades autónomas.
DIFERENTES POSICIONES
Todas las ramas de Sumar coinciden en destacar que la delegación competencial de migración a Cataluña no suscita problemas y, de hecho, se muestran a favor de la descentralización de la gestión. No obstante, el contexto y el marco ideológico que ha impregnado Juntos es el que ha suscitado críticas en varios de los partidos del espacio plurinacional.
El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, es la voz dentro de Sumar que primero mostró reproches y este jueves explicitó su oposición a la iniciativa registrada por PSOE y Junts, al considerar que gira la política sobre migración a las posiciones de extrema derecha y racistas. Un argumento similar al que ha empleado Podemos, que ya ha advertido que se decanta por votar en contra como el diputado valenciano.
La compañera de filas de Ibáñez en Compromís, Àgueda Micó, también ha afirmado que no apoyarán la propuesta de ley si el Gobierno se cierra a incorporar medidas de mejora en la atención de los migrantes, aunque precisa que pueden reconsiderar su postura y moverse al voto favorable si el Gobierno se abre a cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En cualquier caso, fuentes de esta formación especifican que los dos diputados de Compromís votarán lo mismo cuando haya que fijar posición.
Por su parte, Más Madrid también manifestó sus críticas al texto el mismo día en que se registró. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, calificó el texto de «mal precedente» y mala idea, aunque no ha desvelado el sentido del voto.
En IU, su coordinador federal, Antonio Maíllo, también desgranó que PSOE y Junts deben negociar y asumir muchos cambios, vía enmiendas, si quieren el apoyo de sus socios parlamentarios dado que la redacción de la proposición de ley les suscita dudas técnicas, legales e ideológicas. También alertó que no ayuda el discurso «delirante» de Junts con su visión «clasista y reaccionaria» del fenómeno migratorio, que no se ajusta a la realidad de la ley pues el dominio del catalán en ningún caso será requisito obligatorio para obtener residencia.
Desde la Chunta Aragonesista, con su diputado Jorge Pueyo, también se han mostrado reparos, pese a ser favorables a la delegación de competencias, y como Compromís piden avanzar en el cierre de los CIE.
Frente a ello, los miembros del Gobierno han evitado el choque con el PSOE y se han mostrado conciliadores. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, avaló la constitucionalidad de la proposición de ley y el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, destacó que Sumar va a garantizar que esa ley respete los derechos humanos y que más allá de «aspavientos» iniciales, hay que «centrar el tiro» en materia migratoria.
Los Comunes celebraron la iniciativa aunque reprocharon el relato que hace de ella Junts y pidieron al resto de aliados parlamentarios que permitan la tramitación, de cara a negociar también modificaciones a la proposición de ley. Més per Mallorca, que cuenta con el diputado Vicenç Vidal, también apoyó esta delegación competencial y advirtió de que en este asunto iba a haber mucha demagogia por parte de la derecha
GRIETA SIMILAR EN LA FINANCIACIÓN SINGULAR A CATALUÑA
Sumar ya atravesó por tensiones parecidas con el acuerdo para la financiación singular en Cataluña, apoyado por Díaz y los ‘Comunes’ pero que generó divergencias en otras formaciones como Compromís, Chunta e IU, que dejó claro que no respaldaría esa medida si implicaba un concierto catalán.
Tras esas fricciones iniciales, las posiciones entre todas las partes se encauzaron y se pacto que se defendería una reforma del sistema de financiación que atendiera a todas las autonomías y supusiera un incremento de recursos para todas, en especial para jlas infrafinanciadas.
LA QUITA DE DEUDA, BATALLA DE COMPROMÍS
Con la quita de deuda también alzó la voz Compromís, que cargó contra el planteamiento elaborado por el Ministerio de Hacienda y alertó de que no lo respaldaría si no había compensación por la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.
El portavoz autonómico de la formación, Joan Baldoví, aseguró que Compromís apoyaría en el Congreso la medida si la condonación para Valencia pasa del 19% al 47%, como la de Andalucía.
Sumar volvió a conciliar posiciones al decir que la medida era «positiva pero insuficiente», pues debía ir acompañada por una nueva financiación y soluciones adicionales, sobre todo para la Comunidad Valenciana que padeció los efectos de la dana.
