Los conflictos de interés de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han llegado hasta el Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, pero no se ha movido un solo papel. El último escrito presentado data desde el mes de enero y existe otro más desde 2022, pero nada. Bustinduy prefiere no airear ninguna polémica con una organización de consumidores y más si ésta viene de Facua, dirigida por Rubén Sánchez. Oficialmente, el Ministerio prosigue con las excusas peregrinas: «No hablamos sobre expedientes», una falta de transparencia de quien afirmó defenderla, aunque se refirió al caso Koldo.
Según afirmó Bustinduy hace solo tres días, el Gobierno defiende la «transparencia y absoluta firmeza» en el caso Koldo. Con las denuncias presentadas sobre su competencia, ni mú. Ni una palabra, ni para informar ni para arrojar luz sobre una asociación de consumidores, como la OCU, que podría estar incurriendo en malas praxis al firmar decenas de convenios de empresas privadas que después ofrecen descuentos o pagan comisiones a los asociados, hechos prohibidos expresamente por ley desde 2007.
La Organización de Consumidores y Usuarios, dirigida por Esther Rodríguez Uceda y presidida por Miguel Angel Feito, no solo recibió más de 400.000 euros de Octopus Energy, la ganadora de la última subasta conjunta de energía, una operación de la que no se ha ofrecido ningún detalle, como tampoco el número de ofertas presentadas ni la cuantía de las mismas. La OCU recibió su parte, mientras los socios que acudieron a la misma engrosaron la lista de Octopus Energy, mejorando así su balance de cara a los inversores.
No es el único caso. Ante Consumo se interpuso el pasado mes de enero una denuncia contra la OCU y su «instrumental», la mercantil OCU Ediciones, ambas en la misma calle madrileña. Desde entonces, escrito que ha pasado al cajón del olvido del Ministerio de Bustinduy.
LA OCU USA UNA FIRMA «INSTRUMENTAL», SEGÚN FACUA
El acuerdo denunciado por FACUA hace referencia a un pacto entre OCU Ediciones y Tyco Integrated Security (ADT), una empresa dedicada a la instalación de alarmas, y que la organización de Feito impulsó a sus socios con el fin de facilitarles «una alternativa para el suministro de servicios de seguridad con conexión a la central receptora de alarmas de ADT, prestado por ADT, con una tarifa de interés para los consumidores, que mejore su posición en el mercado, todo ello dentro de sus funciones de información a los consumidores y usuarios que tiene OCU».
ADT abonará a OCU 100€ + IVA por cada alarma de seguridad ADT instalada proveniente de OCU en base a este Convenio y de conformidad con lo previsto en el mismo
En este sentido, aportaron «una copia del convenio de colaboración suscrito entre OCU SA y la ADT». Para Facua es un «convenio de colaboración con la empresa privada ADT, el cual implica que esta y la asociación de consumidores de la que es ente instrumental, promocionen y realicen prácticas de publicidad comercial entre los consumidores socios y simpatizantes de OCU Asociación de Consumidores, recibiendo, como fórmula de pago, una comisión por cada contrato que suscriban sus socios y simpatizantes con la mencionada empresa de alarmas».
«ADT abonará a OCU 100€ + IVA por cada alarma de seguridad ADT instalada proveniente de OCU en base a este Convenio y de conformidad con lo previsto en el mismo, […]», se indica en el convenio. La OCU anunció en su web a la empresa de alarmas y ofrece condiciones comerciales más ventajosas para los usuarios a la hora de contratar con ADT por el hecho de ser socio de su organización, promocionando así a esta empresa, lo cual puede encuadrarse en comunicaciones comerciales de servicios por terceros.
LA OCU OFRECE DESCUENTOS DE EMPRESAS, COMO SI FUERA UN MEDIO PUBLICITARIO
La llamada de la OCU a sus socios suscriptores ofrecía «descuento en alarmas» y «hasta un 40% de descuento». Según Tyco y la Asociación de Consumidores y Usuarios, el convenio se ajusta a la legalidad, pese a ser «opaco», como apuntan las fuentes consultadas.
Ambas partes sostienen que la suscripción del convenio se realiza conforme a la legalidad vigente. En este sentido, el articulado del decreto legislativo estipula que «los convenios o acuerdos de colaboración, de duración temporal o indefinida, de las asociaciones de consumidores y usuarios con empresas, agrupaciones o asociaciones de empresas, fundaciones o cualquier organización sin ánimo de lucro» deben cumplir las siguientes condiciones: el desarrollo de proyectos específicos de información, formación y defensa de los consumidores y usuarios, mejorando su posición en el mercado.
Esta finalidad debe ser exclusiva; respetar los principios de independencia y transparencia; consistir en la realización de actuaciones, trabajos, estudios o publicaciones de interés general para los consumidores y usuarios; y ser depositados, así como sus modificaciones, prórrogas o denuncias, en el Instituto Nacional del Consumo y en la Secretaría del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Pero la OCU no firma un convenio, sino que realiza publicidad de empresas, como si de una gran superficie comercial se tratara, «para ofrecer el acceso a bienes y servicios a los consumidores».
EL OPACO CONVENIO DE TYCO CON LA OCU
En este sentido, «no se encuadra entre los objetivos y requisitos que deben cumplir los convenios y sitúa a OCU SA y a OCU Asociación de Consumidores como un agente más de mercado en beneficio de una empresa concreta». En el convenio, según la denuncia, «no aparece a colación ninguna actividad concretra en beneficio de los intereses generales de los
consumidores y usuarios que redunden en su información, formación y defensa».
Asimismo, «tampoco se determina a qué destinará OCU SA la cantidad que reciba como contraprestación por la publicidad que realiza OCU Asociación de Consumidores de la
empresa de alarmas». En el acuerdo se estipula «una formula de redacción genérica, que con esa remuneración se desarrollarán acciones en defensa de los derechos e intereses de los consumidores pero sin especificar ni precisar cuáles son esas actividades vinculadas al
convenio, cuándo se realizarán, coste de dichas actividades y cómo redundarán en el interés
general».
De esta forma, instan al ministro Bustinduy ser exigente con el cumplimiento de los requisitos de independencia y transparencia por parte de las organizaciones de consumidores. «Nuestra legitimidad como contraparte en el mercado, y el papel que la propia Constitución nos reconoce en el artículo 51, lo hace necesario al objeto de no desvirtuar la naturaleza de una asociación de consumidores y los intereses que representamos».
«Estamos ante actuaciones de publicidad de una empresa por parte de OCU, que promueve la contratación de los servicios de aquella entre sus socios, simpatizantes, suscriptores y público en general, y que a cambio recibe un contraprestación a modo de comisión por cada servicio que contraten, lo que supone una vulneración flagrante de lo recogido en el artículo 27 del RDL 1/2007», apunta la denuncia a la que ha tenido acceso este medio.
«No debemos obviar que OCU está reconocida como una organización de consumidores y, como tal, se le presume carencia de interés comercial e independencia frente a los operadores del mercado», prosigue.
LA NORMATIVA PROHÍBE
«Sin embargo, el hecho de que su instrumental obtenga financiación de empresas privadas a cambio de ofrecer y promocionar la contratación de sus servicios por parte de los socios y simpatizantes, supone un grave incumplimiento de la Ley y un grave conflicto con los intereses que representa, los generales de los consumidores y usuarios», puntualiza.
Para Facua, la OCU de Feito «se sirve de su doble condición de asociación sin ánimo de lucro y de sociedad anónima instrumental para llevar a cabo estas prácticas publicitarias como un agente más del mercado, favoreciendo a empresas concretas y obtener así financiación
vulnerando las prohibiciones legales a las asociaciones de consumidores».
«Estas prohibiciones legales representan también límites éticos al objeto de evitar la confusión de intereses y, sobre todo, pretenden garantizar la credibilidad, objetividad y honorabilidad en el comportamiento de las organizaciones de consumidores, resultando cuestionados si su financiación procede del sector empresarial», señala el escrito.
PARA FACUA, «LA OCU VULNERA LA NORMATIVA»
Este modus operandi de OCU no es la primera vez que se denuncia ante este Ministerio,
existiendo «otros convenios y acuerdos suscritos por OCU» con empresas por los que recibe
contraprestaciones y que suponen una «clara vulneración» de la normativa.
Las asociaciones de consumidores no pueden «percibir ayudas económicas o financieras de las empresas o grupo de empresas que suministran bienes o servicios a los consumidores o usuarios», tampoco tendrán «la consideración de ayudas económicas las aportaciones que se
realicen en las condiciones de transparencia establecidas en esta norma y normas reglamentarias, no mermen la independencia de la asociación y tengan su origen en los convenios o acuerdos de colaboración regulados en este capítulo».
Tampoco tienen permitido «realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios». «!– /wp:paragraph –>
Además, la OCU, como las demás asociaciones de consumidores, no pueden «autorizar el uso de su denominación, imagen o cualquier otro signo representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado, o no realizar las actuaciones tendentes a impedir dicha utilización, apartir del momento en que se tenga conocimiento de esta conducta».
A estos efectos no se considerarán operadores de mercado las sociedades mercantiles en las que participen las asociaciones de consumidores.
Desde Facua apuntan que este asunto «afecta gravemente a los intereses generales de los
consumidores pues el comportamiento de OCU cuestiona su legitimidad como asociación
de consumidores y el cumplimiento de los requisitos para actuar como tal y representar los
intereses del colectivo».
LA OCU, EN LA CUERDA FLOJA COMO ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES
Cabe recordar que corresponde al Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, «velar por el cumplimiento de la normativa reguladora de las asociaciones de consumidores y usuarios y los requisitos para ser consideradas como tales y actuar con los beneficios y la legitimación que la ley nos reconoce».
«Las contraprestaciones que viene recibiendo OCU de parte de empresas privadas cuestionan su independencia al ir destinadas, en general, a su financiación y por representar el pago por la promoción de bienes y servicios en el mercado», incide la denuncia de Facua.
Así, la «OCU vendría incurriendo de forma reiterada en comportamientos contrarios al principio de independencia establecido», un comportamiento del que el Ministerio de Consumo tiene conocimiento desde al menos 2022, sin que hasta ahora se hayan adopado medidas y en especial las que expresamente vienen reconocidas en la legalidad vigente, como es la expulsión de la OCU como organización de consumidores.
