El malestar ante la actitud de la Xunta respecto al inicio del curso ha llevado a los sindicatos de profesores a estudiar movilizaciones ante la situación en la que se encuentran los centros. Las organizaciones se reunirán la próxima semana para articular su respuesta y la CIG-Ensino cree que esta debe ser «contundente», por lo que la central mayoritaria en el sector planteará la necesidad de convocatoria una huelga educativa a partir del arranque de la actividad escolar.
Las propuesta todavía no está cerrada, pero los sindicatos ya advertían en julio de la imposibilidad de iniciar el curso con normalidad tanto por las condiciones establecidas por el protocolo presentado por el Gobierno gallego, la falta de medios para reducir aún más la ratio de alumnos por aula y la evolución de la situación sanitaria, sobre todo tras los brotes detectados en las últimas semanas y en particular en el área de A Coruña.
En declaraciones, Suso Bermello ha advertido de que «todo parece indicar» que una incorporación masiva a las aulas podría provocar «un repunte aún mayor» y llevar al territorio a una situación «peor que la que hay ahora mismo y peor que en julio».
Por aquel entonces ya existía una posición conjunta de los sindicatos con representación en la mesa sectorial y una campaña de movilizaciones conjunta para exigir al Gobierno gallego la negociación de un nuevo protocolo, con unas condiciones que permitan cumplir con un distanciamiento físico adecuado del alumnado y que venga acompañado de una inversión para reducir la ratio y un aumento de la contratación de docentes.
Las últimas declaraciones del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no han gustado a la organización sindical. Bermello acusa a los mandatarios autonómicos de «intentar esquivar sus responsabilidades», usando de «parapeto» al Gobierno central con su demanda de un protocolo común para todo el Estado, cuando el sistema educativo gallego no podrá cumplir con las recomendaciones de distanciamiento de metro y medio entre pupitres de las directrices impulsadas por el Estado.
«COARTADA» DE LA XUNTA
El secretario nacional de la CIG advierte, al respecto, que en Galicia no existe un «distanciamiento real entre pupitres» de metro y medio, lo que a su juicio incumple la propia normativa impulsada desde la Administración.
Por ello, ha acusado a Feijóo de proponer un uso general de mascarillas como «coartada» y para preparar una línea de argumentación que le permita «evitar el distanciamiento» y evitar una mayor inversión en personal, lo que haría «recaer de nuevo» toda responsabilidad en los equipos directivos y el personal de los centros. Del mismo modo, ha censurado que la Xunta de intentar vender «como algo excepcional» la incorporación de 240 nuevos docentes, cuando se trata del trámite de adaptación de las aulas a la ratio máxima.
Feijóo avanzó este miércoles, además, la necesidad de adaptar el protocolo autonómico a la nueva situación, pero Bermello denuncia que no se ha producido «ni el primer movimiento» por parte de la Consellería de Educación para ponerse en contacto con los sindicatos de cara a abordar el documento y las medidas con la comunidad educativa o los representantes docentes.
«No puede ser así, la respuesta tiene que ser contundente», ha insistido, para advertir de nuevo a la Xunta de que están «cometiendo un error» al no dejar que la «soberbia» electoral les permita «ver la enorme contestación social» a su «temeridad».
ARRANQUE CAÓTICO
La comunidad educativa reclama que un encuentro para abordar esta situación, ante el inminente arranque del curso escolar. El texto actual no agrada ni a sindicatos ni a las confederaciones de ANPA de centros públicos, que estas últimas jornadas reclamaban a su vez formar parte de los órganos y mesas de diálogo para reformular las medidas.
Otras organizaciones, como FeSP UGT, apelaron a su vez a la importancia de sentarse y «coordinar un poco» este arranque «caótico» del curso escolar.
Paula Carreiro insistió en la necesidad de impulsar «un grupo de trabajo» con la comunidad educativa, sobre todo para aclarar la vía para regular las exenciones del uso de mascarilla, la organización entre los alumnos y estudiar el coste adicional que supondría para las familias.
Asimismo, ANPE lamentaron «las idas y venidas» del Ministerio y la Consellería y ha advertido de que «no es suficiente con la exigencia de máscara», sino que es necesario un protocolo común, acciones para acondicionar las instalaciones y adaptarlas a la amplitud necesaria para la distancia de seguridad, la limpieza, una inversión para reducir la ratio, con un aumento «significativo» de medios y plantillas, y una total preparación ante un hipotético regreso a la teleformación.
