El Tribunal Supremo (TS) encara a partir de este martes una nueva tanda de declaraciones de testigos en la trama de corrupción o caso Koldo instruida por el Supremo. El testigo más destacado de los cinco que pasarán por el Alto Tribunal será Carlos Moreno, jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda y mano derecha de María Jesús Montero, acusado por el Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo, de recibir 25.000 euros tras recibir un trato de favor para una de sus empresas.
Moreno, citado a las 10.30 horas de este martes, es uno de los nombres que De Aldama puso sobre la mesa, primero en la Audiencia Nacional (AN), donde comenzó la instrucción de la causa, y luego en el Supremo tras la retirada de aforamiento del ex ministro y diputado José Luis Ábalos.
Según la declaración previa de Aldama, Moreno consiguió retrasar el embargo de una de sus empresas gracias a su intermediación. El asunto fue relatado por Aldama en el Supremo ante el juez instructor, el fiscal Anticorrupción y su propio abogado. Carlos Moreno negó absolutamente todo en la Comisión de Investigación en el Senado a la que fue convocado por el Partido Popular (PP).
Aldama: «Se le pide un favor para una compañía que teníamos que se llama Pilot Real State, en el que no llegábamos a un acuerdo con Hacienda y se le pide a Koldo que si de alguna manera se puede intervenir para que nos hagan mínimamente un aplazamiento, que nos hagan algo porque nos iban a embargar. Bueno, se hace, se hace la gestión. Obviamente el señor Carlos Moreno dice que antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero y que, si ella autoriza, pues que hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento de Pilot».
Abogado: «¿Se había denegado hasta ese momento? ¿Había habido trabas?»
Aldama: «Bueno, nos estaban pidiendo un aval que no se podía entregar en ese momento. Para cualquier aplazamiento piden avales. Estábamos dando otra serie de cosas que no era el aval, otro un calendario de pagos y otra serie de cosas que no era el aval y no se permite hasta que interviene, pues…».
Abogado: «Se interviene y se desbloquea la situación y finalmente se concede el aplazamiento ¿verdad?»
Aldama: «Sí. Sí.»
Abogado: «Bien y ¿qué pasa?»
Aldama: «No pasa nada en ese momento. Sinceramente no pasa nada en ese momento, pero como al mes o dos meses tampoco recuerdo muy bien la fecha… Koldo me viene un día en una comida que tenemos y me dice oye, tendrías que tener un detalle con Carlos que está buscando un piso y tal. Le digo no tengo ningún problema. Dime qué necesitas o qué quieres y ya está. Y bueno, sí, me piden 25.000 € y se lo voy a dar a Koldo, a lo que me dice que no, que lo entregue yo, a lo que le digo que no. Y entonces se organiza una reunión debajo del Ministerio, que hay un bar. Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno».
Según Koldo García, toda la relación se habría resumido en que él habría quedado con Moreno para que le explicase el «protocolo» para «pedir un aplazamiento a una empresa», sin detallar el nombre ni el propietario de la misma y a la salida de la cafetería se encontraron con Aldama.
EMPRESARIO EN EL CENTRO DEL CASO KOLDO
Justo antes de Moreno, declarará a las 10 de la mañana el empresario Israel Pilar, uno de los menos conocidos pero de los más importantes, ya que su nombre aparece varias veces en oficios e informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Fue uno de los 20 detenidos el 20 de febrero de 2024 y está considerado por los investigadores como el «enlace» o el «primer eslabón», un intermediario clave que habría presentado a Aldama al resto de empresarios de la trama.
De hecho, Íñigo de Rotaeche, empresario de Soluciones de Gestión, la empresa que trajo las mascarillas desde China a España, lo define durante una conversación como «la llave», cuyo papel en la trama Koldo es el de «protagonismo como nexo importante con una tercera persona de relevancia, que no sería ni Cueto, ni Aldama ni Koldo», sino con una persona que estaría relacionada directamente con «la gestación de los contratos investigados ubicándose en el nivel superior de la toma de decisiones». De hecho, en la conversación se refiere a esta persona como el «súper jefe» y le señalan directamente: «Que Isra no toque las pelotas porque tiene fotos de él con el superjefe».
En plena inspección de Soluciones de Gestión por parte de la Agencia Tributaria (AEAT), Piedad, la persona encargada de llevar este asunto para Aldama, le informó a Cueto sobre la documentación presentada ante los requerimientos del fisco. Rotaeche, además, acusó a Israel Pilar de «cobrar comisiones», según consta en el sumario del caso.
Una conversación grabada por la UCO entre Rotaeche y Juan Carlos Cueto, ambos de Soluciones de Gestión, recogen por «primera vez la referencia a «dinero en B» para referirse a «parte del dinero que acabó en poder de Israel por su participación en los contratos investigados», según consta en el sumario. Pilar acudirá a declarar acompañado de su abogado puesto que está imputado en el caso Koldo pero al Supremo acude como testigo.
EL HERMANO, EL HIJO Y LA SECRETARIA
Tras Israel Pilar y Carlos Moreno pasará por el Supremo el hermano de Koldo, Joseba García, al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en sus informes como un supuesto correo que se ocupaba de recoger el dinero en efectivo de las presuntas ‘mordidas’, viajando incluso a República Dominicana para ello.
Además, según la declaraciones judiciales del propio Koldo García y de Jesica Rodríguez, ex novia de Ábalos, Joseba, experto en Seguridad, se habría encargado de conseguir que dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec contrataran a la joven como auxiliar administrativa. Ella misma reconoció ante Leopoldo Puente, el instructor del Supremo que, aunque estuvo contratada en ambas, nunca realizó trabajo alguno. Joseba también acudirá con abogado pues está investigado en el Caso Koldo en la parte que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional.
Tras él testificará Víctor Ábalos, hijo primogénito del ex ministro acusado por Aldama de firmar contratos de consultoría con «determinadas constructoras para gestiones de obras adjudicadas en el extranjero que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España». En este sentido, el magistrado Puente encargó a la UCO un informe patrimonial tanto de Ábalos como de su hijo.
Para este martes está igualmente citada como testigo Ana Aranda, la jefa de la secretaría particular del ministro Ábalos. Aranda no es una secretaria al uso, pues intervenía en absolutamente todo lo concerniente al ministro Ábalos. Incluso escaneaba los deberes de la hija mayor, de su último matrimonio, del ministro, que cursaba tercero de la ESO para poder mandarlos por mail a la escuela durante la pandemia.
Todos los viajes, citas, encuentros y actos protocolarios pasaban por Aranda, que ahora presta servicio en el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados. La jefa de la Secretaría particular de Ábalos aparece en numerosas ocasiones en el sumario, ligada a la firma de cartas de recomendación para que ciudadanos venezolanos pudiesen sortear las restricciones por COVID y venir a España. Las cartas estaban a nombre del ministro Ábalos a modo de invitación, pero la firma y el sello lo ponía Aranda a petición siempre de Koldo García, que recibía a su vez las peticiones de Aldama.
«Para hacer posible la entrada y circulación en España de estos ciudadanos extranjeros, Koldo facilitaba un documento oficial, emitido por el Gabinete del Ministro -MITMA- y firmado por la secretaria particular del ministro», reflejó la UCO en uno de sus informes.
Aldama pidió a Koldo estos salvoconductos al menos para el empresario Alejandro Ceballos, para otro constructor llamado Samuel Sánchez Boada, que tuvo varias denuncias por casos de corrupción en Venezuela, para Carlos Alfonso Guillén Salcedo, presidente del equipo de béisbol Tigres de Aragua, para Katherine Gabriela del Valle Rodríguez Martínez, miss Venezuela Earth 2018 y Diana Katherine Cortes Calleja, gestora de proyectos digitales, además de actual residente en el madrileño barrio de Salamanca, tal y como consta en un informe de la UCO.
Lois investigadores tienen claro que la carta con la firma y el sello del ministerio de Ábalos eran determinantes a la hora de que los venezolanos entrasen en España y así explican que «para todas las solicitudes de esta índole se ha hallado el mismo modelo, al que cambiaban los datos identificativos de la persona en cuestión. (…) en el mismo se expone que el reseñado necesita entrar en España con el fin de mantener una reunión en el Gabinete del Ministro del MITMA, con expresión de la fecha y lugar -Paseo de la Castellana, 67 Madrid-».
Este documento era tan importante para la trama que «en distintas ocasiones Koldo recordaba su sensibilidad, «ya que le advertía a Aldama que sus portadores no lo fotografiasen ni se lo quedaran», según el mensaje.
El mismo informe añade que, además, «Koldo se encargaba de contactar con Policía Nacional, cuerpo policial encargado del control de pasaportes en el aeropuerto. El día 26 de marzo de 2021 Aldama se puso en contacto con Koldo para que varias personas de nacionalidad venezolana pudieran acceder a España. Para ello, Aldama fue remitiéndole imágenes de sus respectivos pasaportes».
Además de para entrar en España, Aldama le pedía a Koldo García conseguir certificados oficiales «expedidos por el MITMA con el fin de que su círculo más cercano pudiera circular libremente evadiendo las limitaciones impuestas a causa del estado de emergencia sanitaria», según el documento policial.
Todos estos permisos eran expedidos por la secretaria particular del ministro Ábalos. Pero Aldama también pedía esos favores para su círculo más cercano, como lo hizo para Juan Carlos Cueto y Alberto Escolano, ambos imputados en la causa. Ana Aranda acude a declarar como testigo y será la última en hacerlo a partir de la una del mediodía.
