Un nuevo escándalo sacude la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por un presunto caso de conflicto de interés por su pacto con Octupus Energy. La organización dirigida por Esther Rodríguez Uceda y presidida por Miguel Angel Feito cobró 440.000 euros de la comercializadora eléctrica a través de OCU Ediciones, mientras la entidad, que dice dedicarse a la defensa del consumidor, la escogió para su última compra de energía a través de subasta.
Con este proceder, la OCU concedió a Octopus Energía más de 20.000 clientes y la empresa británica fundada y dirigida por Greg Jackson pagó la cantidad como una ‘comisión’. Según publica El Confidencial, la OCU habría utilizado para el cobro de la cantidad a OCU Ediciones, una firma paraguas para percibir el dinero de las empresas privadas a las que luego escruta en sus estudios, informes polémicos y que han llegado a los tribunales, como ocurrió con ISDIN, tal y como publicó este medio en exclusiva.
BUSTINDUY, CALLADA POR RESPUESTA ANTE EL CASO DE LA OCU
La OCU afirma que este dinero es una parte más del contrato y sirve para cubrir los gastos dpara dar a conocer diche subasta. «Esos gastos no deben recaer sobre nuestros socios y por eso establecemos de forma transparente compensaciones que debe asumir la ganadora de la compra», afirma la entidad.
No obstante, las explicaciones no convencen, más cuando hay sospechas de malas praxis y engaño, como apunta ISDIN en su demanda contra la entidad presidida por Feito, la firma presidida por Feito y dirigida por Rodríguez Uceda.
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LA OPACIDAD DE LA OCU CON SUS ‘SUBASTAS’
A pesar de los acuerdos de la OCU con empresas privadas, prohibidos según la normativa vigente, el Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, mantiene en un cajón varios expedientes y denuncias desde hace años, sin que haya dado a conocer la situación de cada uno de ellos bajo la excusa manida de no poder hablar sobre trámites en curso.
Desde Facua-Consumidores en Acción recuerdan las denuncias interpuestas contra la entidad presidida por Feito por publicitar y cobrar comisiones de empresas de otros sectores, mientras el titular de Consumo da la callada por respuesta. «Los hechos son más que suficientes para abrir un expediente de expulsión a la OCU del registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios», aseveran desde Facua.
La organización de Feito inició este tipo de subastas de energía en 2013, cuando los precios comenzaron a dispararse. La operativa fue replicada también por comparadores de la luz, un negocio redondo para todos los actores. Por un lado, los socios de la organización de Feito se benefician de una rebaja de la luz, mientras que la eléctrica ganadora aumenta sus clientes por miles, pero parte del pastel va a las arcas de la Organización de Feito bajo supuestos gastos para informar a sus socios, un montante que asciende a 440.000 euros y solo en 2023.
Las ofertas ofrecidas por la eléctrica a través de la asociación generan así comisiones, aunque se venda de cara al público como una subasta. Eso sí, la opacidad se manifiesta al no informar del resto de ofertas, como se suele hacer en cualquier concurso, con apertura de sobres y una comisión designada específicamente para estudiar todas y cada una de ellas para escoger la mejor opción.
OCTOPUS ENERGY Y LA OCU, UN ACUERDO MÁS, NO UNA EXCEPCIÓN
La falta de transparencia hace dudar ahora de las subastas, como la ganada de Octopus Energy, una británica que juega en suelo español a base de compras y engordar clientes. La firma energética espera casi duplicar su fuerza laboral y estudia situar su sede en España en una de las cuatro torres del madrileño paseo de la Castellana.
Acudir a la OCU es un aliciente para las empresas debido a su base de socios. Con la casi fallida Holaluz pasó algo parecido, al multiplicar por diez sus clientes con la ‘subasta’ de la organización presidida por Feito, a pesar del más que posible conflicto de interés al pedir compensación a la empresa a cambio de los datos de sus socios y sin mostrar un solo detalle de la beneficiosa operación.
Cabe recordar que desde 2007 las asociaciones de consumidores tienen prohibido realizar publicidad de bienes o servicios. En concreto, tienen vetado todo acto, conducta o manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, «que se relacione directamente con la promoción o venta de bienes y servicios». Con este tipo de acuerdos, como con el de Octopus Energy, se pone en juego la independencia, una condición necesaria para ser una asociación de consumidores, y la credibilidad. Bustinduy, por el momento, sigue sin mover ficha.
