Tras el primer intento fallido ante la Audiencia Nacional parece que este martes la empresaria María del Carmen Pano Sánchez y su hija Leonor González pueden ser las primeras testigos ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo que acrediten realmente que el chalet de La Alcaidesa en Cádiz comprado por una de sus empresas, Have Got Time, era para uso y disfrute del ex ministro José Luis Ábalos, que lo pagó durante tres meses y luego fue desahuciado por los propietarios. El juez intentará probar el beneficio que supuestamente habría obtenido Ábalos al disfrutar o acceder esta vivienda vacacional y a cambio de qué contraprestación exacta.
El juez justifica esta toma de declaraciones sobre las viviendas disfrutadas presuntamente por Ábalos y su entorno, y el Supremo comenzará por el Chalet de La Alcaidesa, en Cádiz, en un auto dictado el pasado 20 de enero en el que destaca que «en este momento, aparece indiciariamente justificado que, al menos, don José Luis Ábalos pudiera haberse beneficiado económicamente con el pago, por parte del investigado Sr. De Aldama o de personas terceras por él interpuestas, de los alquileres de la vivienda en la que residía quien fuera entonces la pareja sentimental de aquél: así como también que podría haber concertado, previa compra realizada por una empresa tercera a indicación del Sr. Aldama, el alquiler con opción a compra de un chalet en la costa; y obtenido también del Sr. Aldama un contrato de alquiler, igualmente con opción a compra, de un piso de unos 250 metros cuadrados en (…) de Madrid, en el que se fijaba un precio de venta (750.000 euros), aparentemente muy inferior al de mercado».
Es la primera de las acusaciones realizadas por Aldama que tanto Carmen Pano como su hija Leonor, ex pareja sentimental de Aldama, tendrán que ratificar ante el Supremo, al que acuden en condición de testigos, pero al estar imputadas en el Caso Hidrocarburos acudirán acompañadas de su abogado para evitar autoimputarse durante alguna de sus declaraciones.
Además, Pano tiene una oportunidad única para ratificar en el Supremo si es cierto que ella misma llevó en mano una bolsa con 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz en octubre de 2020. Si Pano confirma que entregó este dinero el fiscal debería tomar nota y solicitar al juez la apertura de una investigación con el PSOE en el centro, sospechoso de haber recibido ese dinero y por tanto expulsar al PSOE de la acusaciones populares personadas en este caso. Aunque es probable que el juez no permita preguntas sobre este extremo, argumentando que ese caso quedó sobreseído tras una denuncia del PP.
De momento, Pano ha dicho en dos declaraciones recogidas por los diarios The Objective y El Español, que ella misma llevó ese dinero, que Víctor de Aldama le encargó llevar para que su empresa se viese favorecida con una licencia como operadora de fuel gracias a la intervención del Gobierno. Es decir, Pano sostuvo que pagó ese dinero en concepto de mordida o soborno.
De momento, Pano sólo acude en calidad de testigo, pero su declaración podría paralizarse si el fiscal o el juez creen que podría ser imputada, ya que si reconoce haber pagado sobornos en dinero o especie para favorecer los intereses de su empresa, Combustibles Lucinala, a un partido político es un delito. Carmen Pano incluso acudió a un notario para dar fe de que había entregado esa cantidad de dinero en la sede del PSOE.
El juzgado ya desestimó una denuncia del PP contra el PSOE por este asunto, por falta de pruebas, pero tras la declaración de ambas mujeres en sede judicial quizás esa denuncia pueda tener un nuevo recorrido ahora.
EL CHALET DE ÁBALOS
Tras Carmen declarará su hija, Leonor González Pano, ex pareja sentimental de Aldama y administradora de la empresa Have Got Time, la sociedad que adquirió el famoso chalet de La Alcaidesa, una propiedad que disfrutó Ábalos durante unos meses de verano y el ex ministro aseguró haber pagado religiosamente, hasta que dejo de pagar y recibió notificación de desahucio.
La empresa de Carmen Pano logró finalmente una licencia como operador de fuel en 2022. Pano y su hija han defendido siempre que tras la compra de la vivienda en La Alcaidesa se encontraba Claudio Rivas, socio de Aldama, y que dicha operación fue impuesta para lograr que Villafuel SL lograra la licencia de operadora de hidrocarburos.
Precisamente, tras la madre y la hija pasará por el Supremo Claudio Rivas, acompañado de su abogado, ya que va como testigo en esta ocasión pero al estar imputado en la causa Hidrocarburos puede entrar en contradicción entre su condición de testigo y de imputado. Una empresa de Rivas es la propietaria final de la empresa que alquiló el chalet de Ábalos.
Este mismo martes, también en el contexto del Caso Koldo, declarará Jesús Manuel Gómez García, que fue subsecretario del Ministerio de Transportes y Movilidad con Ábalos como ministro.
