Tras el primer intento fallido ante la Audiencia Nacional parece que este martes la empresaria María del Carmen Pano Sánchez y su hija Leonor González pueden ser las primeras testigos que acrediten realmente que el chalet de La Alcaidesa en Cádiz comprados por una de sus empresas, Have Got Time, era para uso y disfrute del ex ministro José Luis Ábalos, que la alquiló durante tres meses y luego fue desahuciado por los propietarios. El juez intentará probar el beneficio que supuestamente habría obtenido Ábalos al disfrutar o acceder a 3 viviendas en concreto, una de ellas ésta, por parte de él mismo y su entorno.
El juez justifica esta toma de declaraciones sobre las viviendas disfrutadas presuntamente por Ábalos y su entorno en un auto dictado el pasado 20 de enero en el que destaca que «en este momento, aparece indiciariamente justificado que, al menos, don José Luis Ábalos pudiera haberse beneficiado económicamente con el pago, por parte del investigado Sr. De Aldama o de personas terceras por él interpuestas, de los alquileres de la vivienda en la que residía quien fuera entonces la pareja sentimental de aquél: así como también que podría haber concertado, previa compra realizada por una empresa tercera a indicación del Sr. Aldama, el alquiler con opción a compra de un chalet en la costa; y obtenido también del Sr. Aldama un contrato de alquiler, igualmente con opción a compra, de un piso de unos 250 metros cuadrados en (…) de Madrid, en el que se fijaba un precio de venta (750.000 euros), aparentemente muy inferior al de mercado».
Es la primera de las acusaciones de Aldama que tanto Carmen Pano como su hija, ex pareja de Aldama, tendrá que ratificar ante el Supremo, al que acuden en condición de testigos, pero al estar imputadas en el Caso Hidrocarburos acudirán acompañadas de su abogado.
Además, Pano tiene una oportunidad única para ratificar en sede judicial si ella misma llevó en mano una bolsa con 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz en octubre de 2020. Si Pano confirma que entregó este dinero el fiscal debería tomar nota y solicitar al juez la apertura de una investigación con el PSOE en el centro, sospechoso de haber recibido ese dinero y por tanto expulsar al PSOE de la acusaciones populares personadas en este caso.
De momento, Pano ha dicho en dos declaraciones recogidas por los diarios The Objective y El Español, que ella misma llevó ese dinero, que Víctor de Aldama le encargó llevar para que su empresa se viese favorecida con una licencia como operadora de fuel gracias a la intervención del Gobierno. Es decir, Pano sostuvo que pagó ese dinero en concepto de mordida o soborno.
De momento, Pano sólo acude en calidad de testigo, pero podría resultar imputada si reconoce haber pagado sobornos en dinero o especie para favorecer los intereses de su empresa, Combustibles Lucinala. Carmen Pano incluso acudió a un notario para dar fe de que había entregado esa cantidad de dinero en la sede del PSOE.
El juzgado ya desestimó una denuncia del PP contra el PSOE por este asunto, por falta de pruebas, pero tras la declaración de ambas mujeres en sede judicial quizás esa denuncia pueda tener un nuevo recorrido ahora.
EL CHALET DE ÁBALOS
Junto a Carmen declarará su hija, Leonor González Pano, ex pareja sentimental de Aldama y administradora de la empresa Have Got Time, la sociedad que adquirió el famoso chalet de La Alcaidesa, una propiedad que disfrutó Ábalos durante unos meses de verano y el ex ministro aseguró haber pagado religiosamente, hasta que dejo de pagar y recibió notificación de desahucio.
La Audiencia Nacional descartó en un primer momento la toma de declaraciones de ambas mujeres como testigos, pero una de las acusaciones populares, Iustitia Europa, recurrió ante la Sala de lo Penal, que instó al magistrado a tomarlas declaración. Sin embargo, el juez Ismael Moreno aceptó, a petición del fiscal Anticorrupción, que estas declaraciones se realizasen en el Tribunal Supremo, donde se instruye la causa contra Ábalos.
La empresa de Carmen Pano logró finalmente una licencia en 2022. Pano y su hija han defendido siempre que tras la compra de la vivienda se encontraba Claudio Rivas, socio de Aldama, y que dicha operación fue impuesta por Ábalos para lograr que Villafuel SL lograra la licencia de operadora de hidrocarburos. Sin embargo, Aldama se ha desmarcado siempre de las bolsas de dinero llevadas, según Carmen Pano, a Ferraz y ha asegurado que desconoce tal hecho.
Precisamente, tras la madre y la hija pasará por el Supremo Claudio Rivas, acompañado de su abogado, ya que va como testigo en esta ocasión pero al estar imputado en la causa Hidrocarburos puede entrar en contradicción entre su condición de testigo y de imputado.
Las testificales seguirán el 27 de febrero con Jessica Rodríguez, beneficiada con el alquiler de un piso en la Plaza de España de Madrid mientras tuvo una relación con Ábalos y detrás de ella pasará a declarar Alberto Escolano, socio de Aldama en numerosos negocios y pagador del piso donde vivía Jéssica Rodríguez. El 4 de marzo declarará Víctor Ábalos, hijo del ex ministro, en relación al piso en el Paseo de la Castellana de 250 metros cuadrados que supuestamente su padre iba a alquilar con opción a compra por 750.000 euros.
