Más de setenta exministros, expresidentes autonómicos, embajadores y otros antiguos altos cargos han suscrito un manifiesto de apoyo al Rey Juan Carlos, defendiendo su presunción de inocencia y recordando su legado en estos más de cuarenta años de democracia, la «etapa histórica más fructífera que ha conocido España en la época contemporánea».
«Las numerosas informaciones que aparecen estos días sobre determinadas actividades del Rey Juan Carlos I han excitado una proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia –indican–. Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales de justicia, pero nunca se podrá borrar la labor del Rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la Nación, so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española».
El documento subraya que «la Monarquía parlamentaria, así como el conjunto de la Constitución de 1978, han propiciado una España moderna, con un sistema político, económico y social avanzado fraguado en la libertad, en la justicia y en la solidaridad».
EL REY DE TODOS LOS ESPAÑOLES
«Heredero de los poderes autoritarios de la dictadura del general Franco, el Rey Juan Carlos I hizo saber al poco de acceder al trono su voluntad explícita de renunciar a los mismos para propiciar la organización institucional española de acuerdo con el modelo de las democracias occidentales –recuerdan–. Don Juan Carlos se comprometió a ser el Rey de todos los españoles y pronto se consiguió una España sin exiliados y la superación de las cuestiones que nos habían enfrentado en la historia reciente».
Los firmantes ensalzan «la bien llamada Transición» destacando la aprobación de la Constitución de 1978 después de unas elecciones libres a las que concurrieron todos los partidos políticos, lo que «propició la reconciliación entre los españoles y un gran acuerdo nacional, que cumplió con la voluntad del Rey de que España fuera un país europeo e iberoamericano, conforme a su vocación histórica, y una democracia occidental avanzada, donde todos cupieran, abierta al pluralismo representativo y a la alternancia política».
También defienden la Monarquía parlamentaria que se recoge en la Constitución, que también identificar al Rey como Jefe del Estado y «símbolo de su unidad y permanencia». «A lo largo de sus años de reinado y en desempeño de sus funciones constitucionales Juan Carlos I ha sido invariablemente fiel a sus propósitos democratizadores y a las responsabilidades derivadas del marco institucional, como ocurrió en el 23 F», subrayan.
Por todo ello, llaman a partidos y organizaciones políticas a que «defiendan por todos los medios democráticos a su alcance la integridad política y territorial de la Nación y el buen nombre de las personas e instituciones que han hecho posible estos últimosy satisfactorios cuarenta años de historia común». «Porque de ello en gran medida depende la misma calidad de nuestro futuro», concluyen.
ALFONSO GUERRA, A LA CABEZA DE LOS FIRMANTES
El manifiesto ha sido suscrito por antiguos altos cargos del PSOE como el exvicepresidente Alfonso Guerra, los exministros Celestino Corbacho, Matilde Fernández y Cristina Alberdi, los expresidentes autonómicos Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) y Joszé Rodríguez de la Borbolla (Andalucía), y otros altos cargos como el exdirector de gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, José Enrique Serrano, o el exalcalde Francisco Vázquez, hoy próximo a Ciudadanos.
También hay representantes del PP como los exministros Jaime Mayor Oreja, Josep Piqué, Eduardo Serra, Pío Cabanillas, Rafael Catalá, José Ignacio Wert y Ana Pastor, y expresidentes autonómicos como Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Esperanza Aguirre (Madrid) y Luisa Fernanda Rudi (Aragón).
En el listado hay además figuras de la Transición como Rodolfo Martín Villa, exministro de la UCD, y Soledad Becerril, exministra con Adolfo Suárez, alcaldesa con el PP y ex defensora del Pueblo, así como embajadores y otros antiguos altos cargos.
El manifiesto está dirigido a los ciudadanos españoles de todo origen, ideología o condición, así como a entidades públicas y privadas, responsables sociales y económicos, y está abierto a cuantos quieran adherirse al mismo en pro de la convivencia basada en el respeto mutuo y la libertad.
