El secretario general del Partido Comunista (PCE) y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha censurado la «campaña de acoso sistemático» al vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, bajo la «permisividad» de «las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial».
Así lo ha indicado en declaraciones a la Cadena Ser, después de que ambos tuvieran que abandonar la casa en Asturias en la que pasaban unos días de vacaciones, propiedad precisamente de la familia de Santiago, al recibir insultos e incluso amenazas.
El líder del PCE ha asegurado que la pareja llegó a esta vivienda del concejo de Lena para pasar una semana de descanso en un sitio «modesto» y «popular». Sin embargo, ese mismo día por la tarde ya hubo una «filtración» de la ubicación de su emplazamiento «en apariencia del hotel de los escoltas».
Entonces se iniciaron ese acoso que les obligó a abandonar Asturias, un «capítulo más del acoso sistemático de cuatro meses de la ultraderecha contra esta familia, inusitado y nunca visto» en España a ningún dirigente del Gobierno.
PERMITIDO POR INTERIOR
Además, Santiago ha recriminado que todo ello ocurre «permitido, que es lo sumamente preocupante por las Fuerzas de Seguridad y sobre todo el poder judicial», pues se la da un «trato de protestas diarias» cuando «no hace falta ser muy inteligente para saber que es un plan sistemático y organizado de coacción, acoso e instigación a la violencia contra una familia con tres menores». «Y eso es muy grave», ha remachado.
También ha lanzado que este «delito constante de acoso, violencia y amenaza» son «perseguibles de oficio» pero la «Fiscalía no hace nada».
A su vez, el diputado de Unidas Podemos ha asegurado que son personas «vinculadas a Vox, un partido de ultraderecha, los que hostigan» a Iglesias y Montero con una «impunidad absoluta» porque «tampoco lo ocultan» al hacerse incluso fotos en redes delante de su casa.
Enrique Santiago ha asegurado que ya se han presentado múltiples querellas ante esta situación de acoso que «no es comparable a nada en este país». Por tanto, ha advertido que esta «permisividad» de las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial puede entrañar que «esto acaba muy mal».
Sin embargo, ha dicho que el problema no es achacable a la Fiscalía General del Estado y que esa permisividad «no es generalizada» sino que recae en determinados funcionarios de estos cuerpos que «actúan de forma independiente dependiendo de quién se trate».
Ayer, el ministro y líder de IU, Alberto Garzón, tildó de «inadmisible» el «acoso de la extrema derecha» a la pareja y sus tres hijos tras conocerse que pasaban unos días de descanso en esta autonomía
