La Generalitat de Cataluña ha defendido el proyecto del Hard Rock en Tarragona desde la llegada del PSC y en la época de CiU. Uno de los avisos más propagados es el pago de una indemnización de 50 millones de euros en caso de rechazar el proyecto, así como una proyección mayor del turismo en la zona a pesar de las trabas a este sector en la Ciudad Condal.
Los propios letrados de la Generalitat tumban ahora el argumento económico más difundido y afirman que el Gobierno catalán tiene potestad para frenar en seco esta inversión sin tener que pagar consecuencia alguna. El informe es un jarro de agua fría para un proyecto planeado desde la crisis de 2008 para desarrollar una zona industrial y en claro declive económico por la deslocalización de la industria.
La Plataforma Aturem Hard Rock ha cargado contra la Generalitat por ofrecer la cifra de los 50 millones de euros en indemnizaciones si finalmente no se realiza el proyecto que se levantaría en una superficie de 952.000 m2 y que se ha anunciado desde hace 17 años como respuesta a Eurovegas, el fallido complejo turístico y casinos que se iba a levantar en Madrid, aunque resultó también fallido.
«El informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat constata que en el documento oficial donde se contemplan los posibles escenarios jurídicos en caso de reclamaciones por parte de los inversores no se cuantifican cifras, descarta cualquier posibilidad de reclamar por lucro cesante y solo se plantea una hipotética compensación por daño emergente con relación a la licencia de casino, en caso de que la administración actúe de forma antijurídica o contraria a la ley», señala la plataforma Aturem Hard Rock.
LA GENERALITAT NO SE ADECUÓ A LA LEGALIDAD
De hecho, el informe de 38 páginas, al que he tenido acceso íntegramente MONCLOA, señala entre sus once conclusiones que el proyecto incumple los criterios medioambientales para instalarse en Salou (Tarragona). «En este caso, para que el recurso prosperara y se reconociera una eventual indemnización habría que acreditar que la actuación de la Administración de la Generalitat no se adecuó claramente a la legalidad», afirma la conclusión del informe jurídico.
El estudio legal fue pedido por el Gobierno de Pere Aragonès en noviembre de 2023 y abre la puerta ahora a frenar en seco el proyecto sin que hubiera pagos de indemnizaciones e incluso modificar el Plan Director Urbanístico, imprescindible para dar luz verde a la faraónica obra que ha ido reduciendo su capacidad conforme han pasado los distintos Ejecutivos autonómicos catalanes. En la operación diseñada por la Generalitat de Artur Mas, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) debía de actuar como avalista e intermediario para comprar los terrenos y después revenderlos a los propietarios de Hard Rock.
Era la «única» solución que se encontró para dar un avala a los inversores y darle así garantías al proyecto. Las críticas no se hicieron esperar a la operación y crecieron con el tiempo. No obstante, la incertidumbre económica, el referéndum y los continuos cambios de Gobierno en el Palau de la Plaza Sant Jaume retrasaron la operación, así como la presión de los grupos ecologistas, quienes denunciaron la situación y actuaron ante la Justicia para frenar por todos los medios este plan de ocio y juego.
EL INFORME JURÍDICO TUMBA EL PAPEL DE AVALISTA DEL GOVERN
El propio informe jurídico de la Generalitat carga contra el papel de avalista del Govern. «El encargo de intermediación efectuado por los sucesivos acuerdos del Gobierno rebasaría este marco y no es necesario para la efectiva compraventa de los terrenos en los cuales se tendría que instalar el casino», concluye el estudio.
«El encargo que resulta del acuerdo del Gobierno de 15 de diciembre de 2020 podría quedarse sin efecto por un acuerdo posterior fruto de una nueva valoración del interés general concurrente», puntualiza.
«Estamos ante el enésimo caso de mentiras y falsedades, ha habido una voluntad exprés de enredar el asunto para hacerlo menos comprensible y esconder información clave para proteger los intereses del Gobierno y la patronal», cargan Anna Recasens, portavoz de Aturem Hard Rock.
EL INFORME DA LA RAZÓN A LOS CRÍTICOS DEL HARD ROCK
«Este informe -prosigue-, finalmente, da la razón a la plataforma, que siempre ha defendido que no había ningún documento que motivara indemnizaciones y que acabar con el Hard Rock era cuestión de voluntad política».
El 8 de octubre de 2020, el Incasól remitió un escrito a Hard Rock en el que daba a conocer el acuerdo del Govern del 30 de septiembre de este mismo año, así como la sentencia que anuló el Plan Director Urbanístico. De esta forma, caía todo el proyecto al estar basado en esas directrices anuladas por los tribunales. De esta forma, se sentaron nuevas bases para tramitar la modificación correspondiente.
En diciembre de 2020 se fijaron las nuevas condiciones, incluyendo una prórroga de un mes para cerrar el acuerdo una vez que la modificación del Plan Director Urbanístico fuera el definitivo para poder ejecutar la operación. En este sentido y con «la certeza absoluta» de dar luz verde al proyecto se estará en disposición de adquirir los terrenos, incluyendo un póliza de seguros para cobrar el riesgo derivado de las solicitudes por la vía administrativa y poder hacer frente a los recursos administrativos.
120 M€ PARA UNA MACROOPERACIÓN INMOBILIARIA
No obstante, del contrato, al que ha tenido acceso este medio, se desprende que el acuerdo podría ser válido siempre y cuando «las condiciones del mercado o las decisiones gubernamentales no impidieran cumplirlo» y siempre que la falta del contrato de compraventa de los terrenos del Sector CTI firmado el 15 de septiembre de 2020 no constituyera el incumplimiento del compromiso de BCN IR3 de adquirir los terrenos».
Para cumplir la sentencia judicial, había que modificar los espacios libres y equipamientos del sector CTI incluidos en el Plan Director Urbanístico para poder realizar después la compraventa. La Generalitat trató de comprar los terrenos por 120 millones para después venderlos. No obstante, la opción de compra venta expiró el 23 de junio de 2017 y se trataba de un derecho, nunca de una obligación.
Este proyecto ha dejado sin Presupuestos la Generalitat. El PSC de Salvador Illa impuso esta condición a los independentistas de ERC y Podemos y contentar así a sus socios de Junts. No obstante, el alineamiento con la izquierda radical y la oposición de las asociaciones ecologistas prevaleció por encima de los intereses económicos. Tarragona perdió así una inversión millonaria y en los Presupuestos de 2025 van por el mismo camino al no haber entendimiento en la «nueva normalidad» que tratan de vender los socialistas.
