El PSC de Salvador Illa allana la «venganza» de las formaciones independentistas catalanas contra España al avalar el control de fronteras para los Mossos d’Esquadra, una competencia hasta ahora exclusiva de los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional.
Según el Ejecutivo catalán, la labor en fronteras será compartida, pero es un paso para que sea la policía autonómica la que controle absolutamente todos los puntos e infraestructuras críticas en un momento en el que existe un deterioro y declive en las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Es una «venganza separatista» contra la Policía Nacional y Guardia Civil por impedir el referéndum del 1-O de 2017. Aquellos días, un juez ordenó el desplazamiento de todos los efectivos necesarios para poder frenar a los separatistas y el Ministerio de Interior envió a un total de 10.000 efectivos entre agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, la mayoría expertos en antidisturbios.
RETIRAR A LA GUARDIA CIVIL DE CATALUÑA
Los agentes fueron apedreados, agredidos e incluso se les desalojó de hoteles en municipios controlados por el PSC, como en Pineda de Mar, donde la primera teniente de alcalde, Carme Aragonès, y el concejal de Urbanismo, Jordi Masnou, fueron condenados a un año de cárcel. En esa misma causa fue absuelto el jefe de la policía local de Pineda de Mar, Carles Santacreu, para quien pedían tres años de prisión por la expulsión de 500 policías. Los dos concejales del PSC fueron amnistiados tras el pacto de Junts y ERC con el PSOE de Pedro Sánchez. Santacreu, no obstante, está bajo investigación de Antifraude por las compras del departamento de la Policía Local relacionadas con el vestuario.
La Generalitat de Salvador Illa no se ha opuesto al trasvase de estas nuevas competencias, que no son más que el pago al apoyo de Junts a los últimos decretos del Gobierno de Pedro Sánchez, volviendo a ejercer de «muleta del separatismo», según define la oposición en el Parlamento catalán.
Por otro lado, la gestión de las fronteras en Cataluña, como son Puertos del Estado, aeropuertos y la zona de la Junquera, son solo el primer paso para hacerse con el resto de competencias exclusivas de Guardia Civil y Policía Nacional, siguiendo los pasos marcados en País Vasco y Navarra, donde la Benemérita ha perdido el tráfico.
Este control sirve para engordar las llamadas ‘estructures d’Estat‘, pilares básicos para seguir el viaje independentista a pesar de la «vuelta a la normalidad» vendida por el PSC. «La frontera es una estructura de Estado y pasará a la gestión» autonómica, apuntan fuentes parlamentarias. «Ahora van poco a poco», destacan las mismas fuentes.
EL PSC VUELVE A HACER GUIÑOS A JUNTS A COSTA DE LA CONSTITUCIÓN
Este control de fronteras se produce en plena negociación entre La Moncloa y Junts para tratar de recuperar la confianza y dar luz verde a los Presupuestos, prorrogados desde 2023 ante la incapacidad de llegar a acuerdos. La consejera de Interior, Núria Parlon (PSC), ha realizado el anuncio antes que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para decir que Puertos y aeropuertos serán también controlados por los Mossos. Hasta ahora, los Mossos se encargaban de la seguridad en el exterior de las zonas comunes, mientras que la vigilancia en los controles corresponde a la Policía Nacional y Guardia Civil.
Será en septiembre cuando se produzca el nuevo estatus con más agentes del cuerpo autonómico a través de nuevas plazas. «Asumirán esta carga, pero necesitamos tiempo para preparar la estructura», afirmó Parlon en TV2, la cadena generalista que emitirá también todo su contenido en catalán, aunque gran parte de la parrilla ya se realiza en esta lengua.
LA GENERALITAT REDUCIRÁ LA SEGURIDAD CIUDADANA EN PLENA OLA DE ASESINATOS EN CATALUÑA
El programa del PSC pasa por tener una plantilla de 25.000 agentes de los Mossos en 2030, mientras la inseguridad se dispara en Cataluña. A pesar de las dramáticas cifras, con nueve asesinatos desde el inicio del año, la Generalitat empleará efectivos destinados a la seguridad ciudadana a vigilar ahora las infraestructuras.
Asimismo, Junts exige la competencia íntegra de inmigración, mientras Cataluña no participará en el reparto de los inmigrantes llegados de Canarias por tener ya el cupo cubierto, un cambio en los criterios que también se aplicará en el País Vasco tras las quejas de PNV y Bildu, que temen que haya menos euskaldunes en el futuro, como Junts con los catalanes.
El motivo por el que la competencia no será exclusiva en Cataluña se debe únicamente a los bajos efectivos en la policía autonómica, según el Govern. No obstante, vulneraría la Constitución, que apunta que esa competencia concretamente solo la pueden realizar la Guardia Civil y la Policía Nacional, como ocurre en el País Vasco. Para contentar a Junts, se habla que será en un futuro, pero el recurso de inconstitucionalidad estaría asegurado. De hecho, el pacto de las competencias compartidas se ha firmado con ERC, mientras Junts insiste en la competencia «integral».
