El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y los exconsellers de JxCat Clara Ponsatí, Lluís Puig y Toni Comín han manifestado este lunes que decidieron irse al extranjero para defender sus derechos desde una jurisdicción que consideraban con garantía de imparcialidad y de independencia: «Y justicia sabíamos que no encontraríamos en España».
En un artículo conjunto en ‘La Vanguardia’, han asegurado que «la belga, como la alemana o la escocesa, es una jurisdicción en la cual los intereses políticos y las estrategias del Estado español para decapitar, liquidar y criminalizar al independentismo no sirven para nada».
Para ellos, el objetivo del 1-O se mantiene intacto y no se han doblegado a pesar de la «farsa judicial construida solo para liquidar un movimiento legítimo, de amplio apoyo, democrático, pacífico, interclasista y europeísta».
Y añaden: «Llega el tiempo de recoger los frutos que hemos ido sembrando durante casi tres años mientras nos insultaban y denigraban. Las mentiras tienen las piernas muy cortas. Y hoy, y más después de la esperpéntica desaparición de la escena del rey Juan Carlos I, las caretas empiezan a caer«.
Han negado que, cada vez que el Estado presentaba una orden europea de detención, su decisión fuese buscar un país sin tratado de extradición, o que escaparan de la justicia: «Cada vez que hemos afrontado una euroorden estábamos compareciendo. Es más: propusimos declarar por videoconferencia… y nos lo negaron«.
También consideran que la sentencia de la justicia belga sobre rechazar la extradición del exconseller de Cultura Lluís Puig «es el preludio de un efecto dominó», que –dicen– solo se podrá evitar si se resuelve el conflicto por la vía política en vez de la judicial.
