La manifestación de «iluminados» en la que protestaban el pasado 16 de agosto contra las restricciones impuestas por el Gobierno, como el uso obligatorio de mascarillas, sigue dando que hablar. Tanto, que hay muchos que consideran que el hecho de haberse reunido más de 1.000 personas en plena pandemia sin mantener la distancia de seguridad ni tomar precauciones sanitarias a sabiendas de lo que estaban haciendo y del riesgo que suponía es un delito contra la salud pública. Había voces de ciudadanos que pedían parar la protesta. Y tal ha sido el clamor, que José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, ha anunciado que investigará lo ocurrido para ver qué consecuencias puede haber. Con esta decisión, el socialista busca enmendarse después de haber sido criticado por haber permitido protestas como las del 8 de marzo en España cuando la pandemia estaba a punto de explotar.
«La Delegación del Gobierno en Madrid investigará los hechos ocurridos en la concentración contra el uso de #mascarillas celebrada en #Madrid y tomará las medidas adecuadas ya que esta concentración no se ha desarrollado según lo dispuesto por la Delegación del Gobierno», han confirmado desde la Delegación del Gobierno. Con esta decisión se buscará si, como afirman incluso algunos agentes de la Guardia Civil consultados por este periódico, este grupo de conspiranoicos ha cometido un delito contra la salud pública por haber convertido su protesta en un cóctel explosivo a las puertas de una segunda ola.
La clave de la reacción de la Delegación del Gobierno radica en las consecuencias que tuvo para Franco. El socialista fue investigado por la celebración del 8-M y las consecuencias sanitarias que el evento pudo tener, sin embargo, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pidieron el archivo de la causa y así se hizo. Aún así, su imagen fue muy atacada por la oposición y le acusaron de ser parte del engranaje que reaccionó relativamente tarde a una pandemia que cogió por sorpresa a todo el mundo. Y ahora, el delegado del Gobierno no tiene intención de vacilar ante la nueva provocación irresponsable que ha invadido el centro de Madrid este 16 de agosto.
Las reacciones a la protesta que pedía recuperar libertades y quitar la imposición de llevar mascarilla en plena pandemia ha despertado una respuesta casi unánime por parte del sentido común. Tal es así, que desde humoristas hasta políticos no han salido de su asombro al ver que tanta gente (al menos mil personas) gritaban que querían «ver el virus». Un despropósito que la Delegación del Gobierno investigará y se determinará qué consecuencias puede tener un acto tan irresponsable en tiempos de pandemia. Especialmente porque han infringido todo tipo de obligaciones como el usar mascarilla o guardar la distancia de seguridad.
«Se suceden iniciativas irresponsables. Al comienzo de la pandemia todo el mundo era solidario. Ahora, cada día, hay más grupos con distintas reivindicaciones. Si no volvemos a la solidaridad de todos, la solución será más complicada», ha comentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Todos los partidos políticos han criticado la actitud de estos manifestantes, más cerca de los antivacunas o terraplanistas que de otro colectivo, desde Vox hasta Podemos, nadie entiende que en un momento tan delicado con un exceso de la mortalidad de más de 50.000 personas en España haya gente que se eche a las calles al grito de «queremos ver el virus». Quizá por eso mucha gente ha enviado fotos a estos grupos en las que se ven radiografías de pulmones encharcados por una neumonía causada por ese virus que afirman no ver.
A esto hay que añadir que hay personajes conocidos como el cantante Miguel Bosé que se han sumado abiertamente a este sector digamos crítico con las medidas anticovid cuyos mensajes no hacen otra cosa que alentar este tipo de protestas.
